Del Tribunal de Equidad de Delaware depende el destino de las demandas presentadas por accionistas en contra de Walmart Stores Inc, en relación con los sobornos pagados por la empresa a fin obtener autorizaciones para construir tiendas en varias localidades mexicanas.
Hasta ahora, tenedores de títulos de la trasnacional descontentos con su proceder han entablado 14 demandas en los tribunales de Arkansas y en el de Equidad de Delaware, especializado en asuntos mercantiles.
De ellas, siete se encuentran en los pasillos de Cortes de Arkansas, donde se sitúa la matriz de Walmart, y las otras siete en la segunda localidad, en un intenso proceso legal cuyas semanas próximas podrían resultar clave.
Los primeros juicios se emprendieron luego de que, el pasado 21 de abril, el diario estadunidense The New York Times revelara que la corporación desembolsó más de US$ 24 millones en pagos anómalos a funcionarios mexicanos de todos los niveles entre 2002 y 2005 para obtener permisos de construcción, cambios de uso de suelo y avales ambientales.
El rotativo señaló que los sobornos ocurrieron con la aprobación de la directiva de la empresa en el país y que los principales ejecutivos de Walmart, encubrieron su propia investigación interna.
A esto se suma una nueva investigación del diario publicada el 17 de diciembre anterior, en la cual da a conocer que la compañía compró voluntades para abrir por lo menos 19 tiendas en México, incluyendo la de la zona arqueológica de Teotihuacan.
Las acciones legales emprendidas se centran principalmente en los 15 directores del Consejo de Administración de la empresa y altos ejecutivos, a quienes se acusa de incumplir su obligación de velar por los intereses de los accionistas. Las demandas también buscan que la corporación, en vez de los accionistas, recupere el dinero perdido tanto por el escándalo como por los costos asociados a su resolución.
Los litigios aluden a violaciones a las leyes sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de Valores, que prohíbe a las compañías efectuar desembolsos ilícitos para obtener contratos, entre otros puntos.
Los casos consolidados en los tribunales de Arkansas fueron presentados entre el 25 de abril y el 26 de junio de este año, mientras que los restantes se enderezaron entre el 27 de abril y el 26 de junio.
La empresa por su parte, señala que “está comprometida en fortalecer sus programas globales de cumplimiento anticorrupción a través de medidas correctivas apropiadas”. Sin embargo, no ofrece detalles de esas medidas, que también se han extendido a sus operaciones en países como Brasil, India y China.
En ese documento, el corporativo reconoce haber gastado más de 99 millones de dólares al 31 de octubre pasado, debido a los escándalos en que se ha visto inmerso. Si bien no indica a cuánto podría ascender su golpe financiero, sí pronostica repercusiones adversas.