Por amplia mayoría (16 votos a favor y 4 abstenciones), la Comisión de Descentralización del Congreso de la República aprobó un dictamen que se basa en el Proyecto de Ley n°4952, que tiene como objetivo poner límites a los abusos de las municipalidades sobre los negocios formales. De esta manera, la iniciativa legislativa, quedó expedita para ser debatida y aprobada en el Pleno del Congreso.
El dictamen aprobado establece que en adelante las clausuras temporales procederán solo cuando exista un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad de personas, generado por el incumplimiento de las normas de seguridad en el establecimiento, y que no puedan ser subsanado en el acto de la inspección. Es decir, que ya no se aplicarán clausuras temporales por faltas administrativas como ocurre actualmente.
Como se recuerda, este texto legislativo –que se basa en el PL n°4952 que fue presentado por el congresista Hernando Guerra García– fue aprobado en junio de este año también en la Comisión de Reglamento del Congreso de la República. Ahora con dos aprobaciones, buscará la aprobación del Pleno del Congreso.
“Con este dictamen hemos dado un paso adelante para garantizar la predictibilidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en la tarea de fiscalización de los gobiernos locales a los micro y pequeños empresarios. Necesitamos construir un Estado –a todo nivel– que sea amigable con la libre empresa y quienes crean prosperidad y trabajo en nuestro país. Hemos buscado garantizar el orden y la autoridad, pero al mismo tiempo poner siempre al ciudadano como prioridad”, precisó el congresista Alejandro Cavero, presidente de la Comisión de Descentralización.
Empresarios exigen una fiscalización proporcional
Para Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, esta aprobación es un nuevo paso para alcanzar la justicia que merecen los emprendedores peruanos, que en más de una oportunidad, se han visto obligados a pagar altas sumas de dinero en multas y hasta coimas para poder seguir trabajando.
“Las empresas del sector salud, estamos expuestos a una doble presión porque por un lado tenemos inspectores del Minsa y por el otro los inspectores municipales con todas las arbitrariedades cometidas. Desde el sector de farmacias y boticas, esperamos que el Pleno finalmente dé su respaldo al proyecto para proteger la inversión y sobre todo el emprendimiento que con tanto esfuerzo hay en el país”, indicó Jiménez.
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Por su parte, José Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios y Restaurantes, expresó su satisfacción por esta aprobación, pues evitará la conducta arbitraria y “canallesca” de algunas municipalidades que cometen abusos sobre todo con las medianas y pequeñas empresas que muchas veces carecen de apoyo legal y desconocen sus derechos.
“Esta aprobación ayuda a tener proyectabilidad en los negocios y sobre todo va a beneficiar a las micro y pequeñas empresas que son las más afectadas. El 98% son micro y pequeñas empresas, y están en un grado de indefensión ante las malas autoridades”, mencionó Martinot.
Emprendedores pierden hasta 500.000 soles por cierres arbitrarios
Los emprendedores de Gamarra y los dueños de bodegas y panaderías en Lima y el país pierden medio millón de soles al mes debido a cierres arbitrarios de sus negocios.
Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, una tienda en Gamarra pierde alrededor de 3,000 soles al día por cierres debido a infracciones menores, como la ubicación de un maniquí. Ella señala: “En el 2022, por lo menos, el 50% de las galerías han sido cerradas en algún momento. Una galería tiene unas 200 tiendas en promedio, lo que genera que los emprendedores pierdan por lo menos 500 mil soles diarios. Así cualquier empresario, emprendedor se va a la bancarrota”.
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Por su parte, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, mencionó que, al día, en distritos como Comas, Independencia y otros, se cierran al menos 10 negocios. Lo que genera que para reabrir sus negocios, los emprendedores vayan nuevamente a la municipalidad y paguen la licencia de funcionamiento que como mínimo es algo de 1500 soles. Choy comenta: “Como mínimo, más o menos, las municipalidades se llevan 1500 soles por día. Lo que al mes significa, algo de 45 mil soles”.
Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, señaló que su sector, el cual está compuesto por 20,000 panaderías y que generan más de 300,000 puestos de trabajo, son severamente afectados por los cierres injustos. Él afirma: “Los cierres temporales arbitrarios en promedio duran siete días para una panadería pastelería. Ello representa en pérdida de ventas diarias en promedio de 1500 soles”.
Los empresarios coincidieron en la necesidad de ponerle límites a las arbitrariedades de las municipalidades que siguen creciendo cada día. Por ello pidieron al Congreso de la República la pronta aprobación del Proyecto de Ley n° 4952 que busca evitar estos cierres abusivos por parte de las autoridades ediles.
