Uno de los sectores que ha sentido la paralización económica, generada por este virus, es el rubro del cine a nivel nacional.
La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) del Perú proyectó que la paralización de la industria del entretenimiento -que afecta directamente a 10,000 familias que laboran en las salas de cine- tomará entre 15 a 18 meses.
Actualmente, la asociación está formada por seis empresas: Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK, Cinestar y Cinerama.
Carlos Saco-Vértiz, representante de Anasaci, está solicitando un esquema de garantías para líneas de crédito a largo plazo.
“Lo dramático es que varias de nuestros integrantes acababan de inaugurar nuevos complejos o estaban por inaugurar o están en construcción. Tienen que atender el pago de los endeudamiento y emisión de bonos, son servicios de deuda que tienen que ser atendidos todos los meses”, agregó.
Ante ello solicitó la implementación de un plan de rescate sectorial ya que tienen que pagar planilla, proveedores y a la par tienen endeudamiento por la construcción de nuevos complejos.
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También indicó que el Gobierno debe lanzar un paquete de medidas sectoriales, dirigido especialmente al entretenimiento, turismo y restaurantes, que implique un esquema de garantías -similar a Reactiva Perú- para líneas de crédito de largo plazo.
Ello debido a que desde fines de enero, el público dejó de asistir a las salas de cine. A raíz de las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno.
“Los trabajadores han sido pagados el sueldo del mes de marzo oportunamente, pero estas empresas no tienen ingresos y no lo van a tener durante este año. Ya que posteriormente a que el estado de emergencia termine, la crisis va seguir y el público no va asistir”, explicó Saco-Vértiz a RPP Noticias.
Asimismo, remarcó que son 104 salas de cine a nivel nacionales paralizadas, que dan trabajo a 10,000 familias peruanas (5,000 directamente y otros 5,000 indirectamente), de los cuales la gran mayoría son jóvenes universitarios.
Sobre la permanencia de la plana de sus trabajadores, dijo que de acuerdo a la normatividad dictada por el Gobierno, no es factible que las empresas puedan terminar unilateralmente el contrato con sus trabajadores ni aplicar a la figura de suspensión perfecta de labores.
“Lo que estamos planteando es un esquema legal para el otorgamiento de garantías a líneas de crédito de largo plazo, porque las necesidades son para cubrir planilla, atender servicios de deuda y pagar a sus proveedores”, sostuvo.
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