Las empresas españolas Ferrovial, Acciona y Sacyr han constituido un consorcio en Perú para obtener la buena pro del Anillo Vial Periférico. Esta obra, que fue declarada de interés a finales del 2023 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión), unirá Lima con la ciudad de Callao, descongestionando el tráfico en estas dos urbes.
El consorcio propondrá a las autoridades la construcción de la autopista en el área metropolitana de Lima de 35 kilómetros de longitud y con una inversión estimada de US$ 2.380 millones. La iniciativa fue previamente presentada por Cintra, filial de Ferrovial, a la que posteriormente se unieron Acciona y Sacyr, incorporando modificaciones al proyecto.
Las tres empresas son especializadas en infraestructura, cada una siendo de las principales compañías de esta industria en España. Ferrovial, a través de su filial Cintra, se dedica a la promoción de unas 20 autopistas con más de 1500 kilómetros de longitud agregada, en nueve países.
Los pormenores de la adjudicación
Según ha informado Proinversión, se abrirá ahora un periodo de 90 días para que terceras empresas puedan pujar por el proyecto en competencia con el consorcio español. Es decir, la fecha límite para presentar propuestas sobre el Anillo Vial Periférico será hasta el 28 de marzo del presente año.
De no presentarse más ofertas, el contrato se adjudicará directamente a esa alianza, previsiblemente en el primer trimestre del año. En caso de más pujas, se convocará un concurso público y el contrato se entregará en el segundo semestre de 2024.
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El grupo concesionario se encargará del diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del Anillo Vial Periférico, que recorrerá 11 distritos en Lima Metropolitana y un distrito del Callao, beneficiando a 4,5 millones de personas.
La vía, catalogada como una “carretera inteligente”, se concesionará mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada. De esta forma, los ingresos por recaudación de peajes cubrirán el 100% de los costos de operación y mantenimiento, y una parte de los costos de inversión del proyecto.
El plazo de la concesión será de 30 años contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión o hasta que se alcance el valor presente de los ingresos de peaje (VPIP) establecido en el contrato de concesión, lo que ocurra en último lugar. Si el VPIP no se ha alcanzado al año 30, el plazo podrá ser prorrogado.
