El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que establece una nueva compensación económica para la presidenta de la República, Dina Boluarte. La medida representa un incremento significativo en su salario mensual, que pasará de S/16,000 a S/35,568.
Durante una rueda de prensa, Pérez Reyes explicó que esta decisión se basa en una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la cual formalizó un acuerdo de directorio que introduce una metodología comparativa para definir los sueldos de los altos funcionarios públicos en la región.
“Se ha establecido una metodología que hace una revisión de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina”, detalló el ministro, reforzando la importancia de ajustar la remuneración a estándares internacionales. El decreto supremo será publicado en El Peruano en las próximas horas.
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Según el titular del MEF, la norma entrará en vigor “al día siguiente de su publicación” y tendrá aplicación inmediata como parte de un esfuerzo por garantizar transparencia en la gestión pública. “Tomando esto como referencia, se ha hecho un promedio ponderado. Resultado de ello, surge el valor que ha sido aprobado el día de hoy en un decreto supremo de 35,568 soles mensuales”, precisó.
El anuncio se da en un contexto sensible, marcado por la baja aprobación de la mandataria. Según una encuesta de Datum para El Comercio, Boluarte registra solo 3% de respaldo a nivel nacional, la cifra más baja en más de cuatro décadas. La decisión también contrasta con lo señalado hace un mes por el premier Eduardo Arana, quien afirmó que el tema no estaba en la agenda del Ejecutivo.
Nuevo sueldo de Boluarte será casi 32 veces mayor al sueldo mínimo
El incremento en la remuneración de Dina Boluarte implica que su salario mensual pasará a ser casi 32 veces superior al sueldo mínimo vigente, fijado en S/1,130. Este nuevo monto contrasta directamente con el salario que percibieron sus predecesores —Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo—, quienes durante sus respectivas gestiones recibieron un sueldo mensual de S/15,600.
Raúl Pérez Reyes agregó que esta revisión tiene como objetivo corregir decisiones pasadas relacionadas con la remuneración presidencial y establecer una compensación que sea congruente con la responsabilidad y el peso de la Jefatura del Estado. Asimismo, busca dotar a la autoridad máxima del país de una remuneración que refleje su rol en el contexto actual y elimine discrepancias respecto a los salarios históricos.
“El expresidente García redujo los sueldos de altos funcionarios; Humala, en 2015, los elevó para ministros y viceministros, y ahora se corrige el salario presidencial, que regirá para quien asuma el cargo en julio del próximo año”, afirmó el titular del MEF. La medida ha generado diversas reacciones en la opinión pública y el ámbito político, en un contexto de crisis institucional y creciente percepción de desconexión entre el gasto estatal y las necesidades sociales.
Premier Arana justifica aumento de sueldo presidencial
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, emitió su respaldo a la reciente decisión del Gobierno de incrementar la remuneración de la presidenta Dina Boluarte. En declaraciones públicas, Arana hizo un llamado a dejar atrás los cuestionamientos y críticas relacionadas con la medida, enfatizando la importancia de reconocer la función institucional del cargo presidencial.
El funcionario afirmó que no corresponde hacer demagogia ni escarnio en torno a esta decisión. Según sus palabras, “la institución presidencial y la Presidencia es la más alta función de un cargo estatal”. Además, aclaró que, en comparación, solo un juez supremo percibe una remuneración superior a la del presidente, subrayando que la retribución debe estar en relación con la responsabilidad del puesto y no con el nombre de la persona que lo ocupa.
El respaldo de Arana se sustenta en un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a principios de mayo. Dicho documento proponía elevar en un 122% el salario de la mandataria. La propuesta se fundamentaba en una metodología técnica, alineada con los lineamientos establecidos por la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de ajustar la remuneración a criterios objetivos y de equidad institucional.
Tras la difusión del informe en ese entonces, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó su oposición a la propuesta, calificándola como inoportuna en el momento actual. Gutiérrez argumentó que, dadas las circunstancias sociales y políticas del país, tales incrementos podrían ser malinterpretados o generar rechazo en la población, especialmente en un escenario de crisis en los niveles de aprobación y confianza en las instituciones públicas.
El debate en torno a la remuneración de la presidenta Boluarte refleja las tensiones existentes en el escenario político peruano, donde las decisiones sobre gastos públicos y privilegios generan fuertes controversias. La justificación técnica y la valoración institucional buscan equilibrar la necesidad de una retribución adecuada con la sensibilidad social en un momento de alta percepción de desconexión entre la clase política y la ciudadanía.
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