El pasado 20 de abril el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sancionó la ley que modifica el impuesto a las ganancias, un gravamen que se aplica a los ciudadanos cada año fiscal en ese país, a partir de cierto nivel de ingresos.
La nueva ley, reduce la base gravable, es decir, eleva el piso mínimo de ingresos requeridos para tributar, lo que, según el Ejecutivo, reduce en alrededor de 1.267.000 el número de contribuyentes. Esta nueva normativa está siendo duramente cuestionada por la Asociación Empresaria de Argentina (AEA) – que agrupa a las compañías mas importantes del país- y la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes afirman que la presión tributaria sobre el sector privado, desalienta la inversión, frena la producción y desincentiva la creación de empleo formal, más aun en estos tiempos de crisis económica y sanitaria.
Por su parte el Gobierno argumenta que «la medida permite mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores para impulsar el consumo y corrige las distorsiones impositivas».
Sin embargo, los expertos advierten del alto costo fiscal de la iniciativa que, según cálculos de diputados oficialistas, será de unos 50.000 millones de pesos argentinos (unos USD 540 millones).
El impuesto a las ganancias será pagado en adelante por quienes devenguen 150.000 pesos mensuales (unos 1.636 dólares), cuando el tope anterior era de menos de 100.000 pesos mensuales, dependiendo del nivel de ingresos.
Este mínimo también alcanzaría los 152.000 pesos en el caso de los jubilados, lo que equivale a ocho salarios mínimos.
Según el Ejecutivo, más del 90% de las personas asalariadas no será sujeta de pagar impuesto a las ganancias y la norma es retroactiva a enero, por lo que «se va a devolver el dinero descontado en el primer trimestre».
Otra de las modificaciones tiene que ver con que se excluye del cálculo el pago del aguinaldo decembrino o prima y se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras hasta el mes de septiembre.
