La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) ha lanzado una declaración enfática ante la opinión pública, denunciando y rechazando los cierres arbitrarios de centros comerciales en el país.
El gremio hace un recuento de esta situación evidenciada en 2023. “Luego de atravesar la dura etapa de la pandemia del COVID 19 (…), padecimos la absurda y sorpresiva arremetida de algunas nuevas autoridades municipales quienes -alegando ejercitar atribuciones de fiscalización- dispusieron cierres y clausuras de nuestros locales por faltas totalmente subsanables, llegando al extremo de paralizar el conjunto de los centros comerciales”, expresan.
Larcomar en Miraflores, Open Plaza-Angamos en Surquillo, Real Plaza de Puruchuco y Santa Clara en Ate, además de varios locales de CENCOSUD en San Juan de Lurigancho, fueron algunos de los lugares afectados en Lima. Asimismo, en regiones como La Libertad, los cierres arbitrarios se extendieron al Mall Plaza y Real Plaza de Trujillo, con consecuencias devastadoras para los negocios y la economía local.
LEE TAMBIÉN: José Antonio Contreras asume gerencia general de la Asociación de Centros Comerciales del Perú
Estos actos de arbitrariedad, que se suman a otros sufridos por emprendimientos de menor escala, llevaron al Congreso de la República a aprobar la ley N° 31914, que limita la discrecionalidad de las municipalidades para cerrar o clausurar locales comerciales, sin menoscabar su función de fiscalización. A pesar de esta ley, episodios recientes, como el cierre en Trujillo, han levantado alarmas sobre el incumplimiento flagrante de esta norma por parte de algunas autoridades municipales.
La ACCEP recalca el papel crucial de los centros comerciales a nivel nacional, generadores de empleo para alrededor de 800 mil familias y vitrina para 9 mil locales de pequeñas y medianas empresas. Cada cierre representa pérdidas económicas considerables y daños irreparables para los emprendedores, especialmente en tiempos de recesión económica.
Ante esta situación, ACCEP insta a los gobiernos locales a cumplir rigurosamente con la ley 31914 y poner fin a acciones hostiles hacia una industria que contribuye significativamente al progreso económico del país. La asociación resalta la importancia de un ambiente favorable para el desarrollo empresarial y la generación de empleo, apuntando a una economía más sólida y equitativa para todos los peruanos.
