La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) instó a KFC a pedir disculpas públicas tras la sanción de media UIT impuesta a su local de la avenida La Marina tras comprobarse que empleaba aceite usado para sus frituras.
En ese sentido, se mostró sorprendido por la actitud adoptada por la empresa que, en lugar de aceptar su error, comentó que el proceso de inspección de la Municipalidad de San Miguel en el que se hallaron las irregularidades “no se realizó de manera adecuada”
“Todos hemos visto en la televisión el aceite negro que se utilizaba en ese local. Frente a esa evidencia, cómo es posible que la empresa, en lugar de reconocer pública y humildemente su error, pedir disculpas y anunciar medidas correctivas, pretenda eximirse de responsabilidad aduciendo que el comportamiento de la autoridad edil fue inadecuado”, refirió Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC.
Agregó que esa actitud “es una burla para los consumidores que, confiadamente, acudían a ese establecimiento”, tras explicar que los daños para la salud que produce la ingesta de este tipo de aceite son múltiples.
Por su parte la multa impuesta de media UIT por el municipio, Cáceres consideró que ha sido leve y que, en medio de todo, la empresa ha salido bien librada económicamente. Empero, su prestigio ha sido severamente mellado en el Perú.
Cáceres recordó que no es la primera vez que se pone en entredicho la calidad de los productos que comercializa KFC en distintos países. “Existen antecedentes en otros países por problemas similares. Hace poco, en Australia, un tribunal condenó a la cadena KFC a pagar una indemnización equivalente a 8.3 millones de dólares a una menor que sufrió lesiones cerebrales debido a una salmonelosis”, recordó.
Por ello, dijo, lo sucedido en nuestro país debe servir para sentar un precedente que prevenga este tipo de hechos en el futuro. Según el titular de ASPEC, “no sólo la empresa KFC sino las autoridades deben ser conscientes de las implicancias de lo sucedido, por cuanto, además de fallarle a sus clientes, en este caso se han violado normas y principios elementales de la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos”.
“También se ha trasgredido el Código del Consumidor según el cual los derechos a la salud y seguridad son fundamentales para los consumidores”, indicó Cáceres, al señalar que su organización está evaluando la adopción de acciones legales.
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