La Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Backus), junto a Cervecería San Juan S.A. y su accionista mayoritario la belga AB InBev, ha presentado una petición arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este proceso se enmarca en el Tratado entre el Gobierno del Reino Unido y el Perú para la Promoción y Protección de Inversiones (Perú-UK BIT), vigente desde 1993.
Según un Hecho de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa busca ser indemnizada por los daños sufridos debido a actos y omisiones relacionados con medidas fiscales del Estado peruano. Estas incluyen procesos de cobro por supuestas deudas tributarias y la denegación de solicitudes de reembolso de impuestos.
Disputa tributaria entre Backus y el Estado Peruano
El conflicto entre Backus y el Estado se remonta a decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y ratificadas por el Tribunal Fiscal. Estas resoluciones involucran el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y abarcan periodos fiscales entre 2014 y 2019.
En agosto de 2024, Backus comunicó que el Tribunal Fiscal resolvió varios expedientes, confirmando las decisiones de la SUNAT. Estas resoluciones rechazaron las apelaciones de Backus sobre pagos del ISC y desestimaron sus solicitudes de devolución por pagos indebidos.
La SUNAT emitió una primera Resolución de Ejecución Coactiva por S/ 733 millones, relacionada con periodos fiscales específicos. Posteriormente, se informó que podrían sumarse otros S/ 885 millones por decisiones adicionales, elevando el monto total a S/ 1,618 millones.
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Backus sostiene que la SUNAT no consideró la vigencia del artículo 7 de la Decisión 600 de la Comunidad Andina al determinar la deuda tributaria. La normativa andina establece parámetros específicos para la aplicación del ISC, pero el Tribunal Fiscal desestimó este argumento.
La empresa, respaldada por su accionista AB InBev, considera que las medidas fiscales del Estado peruano violan las obligaciones establecidas en el Perú-UK BIT. Según Backus, estos actos constituyen un incumplimiento del derecho internacional al afectar la inversión extranjera protegida por el tratado.
Impacto del arbitraje en el Perú
Este arbitraje podría representar un desafío significativo para el Estado peruano. Una decisión favorable a Backus implicaría no solo una compensación económica, sino también un posible impacto en la percepción de los inversionistas extranjeros sobre la estabilidad jurídica y fiscal en el país.
Por su parte, Backus ha asegurado que continuará tomando las medidas necesarias para proteger sus operaciones y relaciones con sus stakeholders. Asimismo, ha indicado que procurará que esta disputa no afecte materialmente sus actividades en el mercado peruano, donde es líder en la industria cervecera.
El proceso ante el CIADI podría extenderse durante varios años. Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa la importancia de garantizar un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la atracción de inversión extranjera, un desafío clave para el desarrollo económico del Perú.
