Después de varios vaivenes, el recordado Centro Comercial Camino Real ha recibido la aprobación de la Municipalidad de Lima para iniciar su remodelación, conforme a la ordenanza 1529. Esta normativa permite la implementación de usos residenciales y mixtos (residencial y/o comercial) en la Sub-Zona B.
La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que durante el proceso de construcción, los responsables del proyecto deberán presentar estudios de impacto ambiental y vial, entre otros requisitos, con el fin de asegurar la adecuada integración del proyecto.
Este sector de San Isidro, delimitado por la avenida Camino Real, la calle Choquehuanca y la calle Lizardo Alzamora Este, abarca 1.68 hectáreas. Forma parte de la “Zona de Reglamentación Especial Centro Comercial Camino Real” y está sujeto a nuevas normas de zonificación que modifican el plan aprobado anteriormente en la ordenanza 1529.
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Asimismo, la ordenanza establece que en la Sub-Zona B no se permitirá el desarrollo de viviendas de interés social, tal como se señala en el artículo 6 de la ordenanza, que ha sido firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
Nueva etapa para el centro comercial Camino Real
Inaugurado en 1980 por el presidente Fernando Belaunde Terry, el Centro Comercial Camino Real se convirtió rápidamente en un referente de la ciudad, albergando cerca de 200 establecimientos comerciales. Su oferta incluía una variada gama de servicios y productos, desde salas de cine y pizzerías hasta supermercados y boutiques, lo que lo transformó en un punto de encuentro para los limeños.
Desde el año 2000, el centro comercial ha sufrido un notable declive, con una drástica disminución en el número de tiendas y locales operativos. Esta situación ha llevado a que, en los últimos años, el espacio haya quedado en gran parte desaprovechado. La remodelación en curso tiene como principal objetivo revitalizar este emblemático centro comercial, adaptándolo a las nuevas demandas del mercado y ofreciendo una propuesta más moderna y atractiva para los consumidores.
La ordenanza también otorga a la Oficina de Gobierno Digital y al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) la responsabilidad de publicar y registrar la información relacionada, lo que asegura la transparencia del proceso y garantiza una notificación oportuna y clara a todos los interesados.
