El holding chileno Cencosud es propietario de varios centros comerciales en Chile, como el afamado Costanera Center y Alto Las Condes, los cuales están ubicados en la Región Metropolitana de Chile. No obstante, la compañía también ha puesto su bandera en otras regiones de país, como en la Región de La Araucanía, en donde opera el centro comercial Portal Temuco. En este último, la empresa presentó ante la Corte Suprema una disputa para cobrar por estacionamientos. ¿A qué se debe?
Cencosud detectó que en este mall una buena cantidad de personas que no son visitantes utilizan el estacionamiento. Según la empresa, esta situación perjudica el funcionamiento normal y la disponibilidad de los espacios para quienes van al centro comercial. Ante esto, la compañía desarrolló un proyecto llamado “Parking Portal Temuco”.
El propósito de este proyecto es habilitar la infraestructura necesaria para controlar de manera segura y eficiente el acceso a los estacionamientos del mall, así como implementar un sistema de cobro para lograr racionalizar el uso de los aparcamientos, refirió Diario Financiero.
En concreto, Cencosud afirmó que al menos 600 vehículos de personas que no son clientes del centro comercial se estacionan a diario en el lugar. Por esa razón, en abril de 2020 la empresa solicitó al municipio la patente para la explotación de los 1.743 aparcaderos, pero el municipio rechazó dicha solicitud porque el plan regulador prohíbe en la zona las playas y edificios de estacionamientos. Además, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, se negó al cobro por estacionamiento porque perjudicaría a los ciudadanos.
Sin embargo, el holding chileno no se detuvo ante la negación e interpuso una serie de reclamaciones, llegando incluso a la Corte de Apelaciones de Temuco, en donde también fue rechazada el pasado 9 de marzo de 2022, pero Cencosud sigue insistiendo, pues el 6 de abril la empresa chilena presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo del tribunal de alzada.
El abogado de Cencosud, Arturo Fermandois, en su presentación ante el máximo tribunal del país comentó que “la denegación de la patente provocó un evidente perjuicio patrimonial a la compañía al impedirle el legítimo cobro por el uso de los estacionamientos, pero más grave aún, le impide garantizar la disponibilidad de plazas a los clientes del centro comercial, lo que trastorna su funcionamiento y afecta gravemente a quienes tienen ahí sus negocios y tiendas”.
