La medida fue tomada luego de una fiscalización realizada por funcionarios del Seniat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Guardia Nacional, en la cual se encontró que la empresa omitió colocar la razón social de algunos proveedores en su respectiva relación de compras, así como consolidar el monto total de las ventas del día en la correspondiente relación de ventas.
Los ilícitos tienen como pena un cierre por 72 horas y una multa que asciende a 3.250 bolívares fuertes (USD 755,8). Sin embargo, el cierre se realizó administrativamente, es decir, que se permite que los clientes compren alimentos, bebidas e insumos de la farmacia, quedando prohibida la facturación de cualquier otro producto que no entre en las categorías antes mencionadas, hasta que se levante la medida de clausura.
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