La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha iniciado una acción judicial contra el Ministerio de Salud (Minsa) ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, buscando que se elimine la exigencia de registros sanitarios para alimentos y bebidas comercializados en el país.
Según el gremio empresarial, esta medida, implementada pese a su eliminación legal desde 2016, genera duplicidad de trámites y costos innecesarios para los comercializadores.
En 2016, mediante el Decreto Legislativo 1290, el sistema jurídico peruano eliminó los registros sanitarios, sustituyéndolos por habilitaciones sanitarias aplicables a los establecimientos fabricantes de productos alimenticios. Esta reforma buscó simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo la carga burocrática para las empresas sin comprometer la seguridad alimentaria.
Sin embargo, Confiep señala que el Minsa continúa solicitando registros sanitarios, desobedeciendo el marco legal vigente. “Esto genera una innecesaria y onerosa duplicidad de trámites para los comercializadores de alimentos y bebidas en el país”, denunció la institución a través de un comunicado oficial.
Impacto en los sectores empresariales
El incumplimiento del Minsa, según Confiep, afecta directamente a los distribuidores y comercializadores de alimentos procesados, quienes deben enfrentar costos adicionales y retrasos en sus operaciones. “El registro sanitario no solo representa un trámite innecesario, sino que también obstaculiza la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, que son las más afectadas por la burocracia”, subrayó el gremio.
Para el sector empresarial, esta duplicidad no tiene justificación, dado que las habilitaciones sanitarias ya garantizan que los alimentos procesados cumplan con las normativas de inocuidad y calidad en su lugar de origen.
Además de la demanda presentada, Confiep ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre una acción popular interpuesta por la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas. Este caso, tramitado bajo el expediente 18687-2023, tiene como objetivo que el Minsa se alinee con la legislación vigente y abandone la exigencia de los registros sanitarios.
“La falta de cumplimiento por parte del Minsa no solo contraviene la ley, sino que también genera una carga adicional para el sector privado, afectando la reactivación económica del país”, afirmó la institución.
