El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que se crean y difunden contenidos digitales. En el ámbito político, su uso ha despertado preocupación por el potencial que tiene para alterar la percepción de los ciudadanos. En los últimos años, diversas campañas electorales en el mundo han enfrentado la circulación de imágenes, audios y videos manipulados con IA, conocidos como deepfakes.
Estas herramientas logran recrear rostros y voces con gran realismo, lo que facilita la difusión de información falsa en redes sociales. A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el debate sobre cómo prevenir la desinformación digital se ha trasladado al Congreso de la República, donde se impulsa una iniciativa legal para enfrentar los riesgos de manipulación tecnológica durante el proceso electoral.
Proyecto para frenar noticias falsas
El congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez presentó el proyecto de ley denominado “Ley que previene la desinformación electoral a través de la inteligencia artificial”, que propone modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859). La norma busca limitar el uso de IA durante los 90 días previos a las elecciones presidenciales, regionales o municipales.
El documento prohíbe la creación y distribución de material audiovisual engañoso que manipule la voz o apariencia física de los candidatos mediante inteligencia artificial. Según el texto, la medida pretende impedir la difusión de contenido falso que simule autenticidad y pueda influir en la decisión del electorado. La disposición busca reforzar la transparencia en los procesos electorales.
Asimismo, el candidato afectado por este tipo de material podrá presentar acciones legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el Jurado Electoral Especial (JEE), entidades que tendrán la facultad de ordenar la eliminación inmediata del contenido manipulado. El procedimiento garantizará la rápida intervención de las autoridades competentes.
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Sanciones económicas y riesgos tecnológicos
El proyecto establece una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (URP), equivalente a más de S/ 10,000, para quienes generen o difundan material audiovisual engañoso con IA. La sanción busca desalentar el uso de estas herramientas con fines de manipulación o desinformación política. De acuerdo con la propuesta, tanto el JNE como el JEE podrán solicitar a las plataformas digitales, como Facebook o X (antes Twitter), el retiro inmediato del contenido desinformativo que vulnere lo dispuesto por la ley.
Estas acciones deberán ejecutarse de manera prioritaria durante el periodo electoral. El congresista Anderson precisó que la iniciativa no contempla penas de cárcel, a diferencia de Argentina y México, donde las legislaciones establecen sanciones que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión. En el caso peruano, la propuesta se centra en sanciones administrativas y el retiro del contenido.
Los deepfakes emplean algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) capaces de superponer rostros, voces o gestos con gran realismo, lo que hace difícil diferenciar lo verdadero de lo manipulado. Su uso en campañas políticas representa un riesgo directo para la confianza en los procesos electorales. El Ministerio Público advirtió que esta tecnología ya se utiliza en el país para difundir anuncios falsos en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, con fines de estafa o suplantación de identidad.
En el contexto electoral, el impacto podría ser aún mayor. De aprobarse, el Perú se convertiría en uno de los primeros países de América Latina en regular de manera específica el uso de inteligencia artificial en los comicios, adaptando su legislación a los nuevos retos digitales y reforzando la transparencia democrática frente a la desinformación tecnológica.
