La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó este lunes por unanimidad la insistencia en la propuesta para ampliar las prohibiciones a las llamadas spam. Esto tras la observación hecha por el Poder Ejecutivo la semana pasada.
Dicho grupo de trabajo, presidido por Elías Varas Meléndez, aprobó la iniciativa con 16 votos a favor. La propuesta de insistencia pasará al Pleno para su debate y posterior votación.
El proyecto que modifica los literales d) y e) del artículo 58 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, busca poner fin a las comunicaciones spam. De esta manera, solo aquellos consumidores que hayan dado su consentimiento a las empresas podrán recibir llamadas y mensajes ofreciéndoles productos y servicios.
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La iniciativa había sido observada el pasado 2 de mayo por el gobierno de Dina Boluarte por la supuesta afectación al principio de coherencia normativa y falta de justificación de la necesidad de la misma, entre otros argumentos.
Elías Varas afirmó que la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, el pasado 29 de marzo, jamás vulnera la libertad de empresa, dado que no prohíbe la implementación de centrales de llamadas, solo norma su desempeño. El parlamentario también sostuvo que el derecho a la salud se antepone ante cualquier otro derecho fundamental, por lo cual se desestiman las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.
Esta iniciativa contiene los proyectos de ley nros. 2942; 3131 y 3541, y con la aprobación del dictamen en insistencia, será debatida por la representación nacional en las siguientes sesiones plenarias.
¿Normativa vulnera el derecho constitucional de los consumidores a acceder a la información?
A través del proyecto de Ley N°3131, el Congreso busca acabar con las llamadas telefónicas spam. Para la Asociación de Centros de Contacto y Experiencia al Cliente (Apexo), además de afectar a miles de trabajadores, la prohibición estaría pasando “por encima de un derecho constitucional”.
“Si las llamadas ocurren, es porque sirven a muchísimos consumidores. De lo contrario, no tendría sentido para las empresas que las encargan el enorme gasto que supone mantener los 55,000 empleos que generan los calls centers en el Perú”, sostuvo el gremio.
Y continúa: “La verdad es que muchas personas se enteran por estas llamadas de ofertas que les interesan y las toman. Entonces, acabar con estas llamadas es dificultar la vida no solo a las empresas que las usan, sino a los ciudadanos que las aprovechan. A estos últimos también estaría afectando el Congreso si insiste en aprobar esta ley que el Gobierno ha observado por inconstitucional”.
