El Congreso de la República está avanzando con una iniciativa legislativa destinada a reducir las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esta propuesta ha generado un considerable interés y debate en el ámbito empresarial y laboral.
La iniciativa legislativa se centra en la modificación del artículo 40 de la Ley General de Inspección del Trabajo, estableciendo nuevas condiciones bajo las cuales las empresas pueden beneficiarse de una reducción en las multas por infracciones laborales. Este cambio legislativo pretende ofrecer un alivio económico a las empresas afectadas por diversos factores, incluyendo la pandemia del COVID-19, desastres naturales y la recesión económica.
Según el proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tendrá un plazo máximo de 30 días para aprobar un régimen temporal que permita la disminución del pago de multas impuestas por infracciones administrativas. Este régimen temporal se diseñará con el objetivo de “mitigar el impacto económico ocasionado por la pandemia del COVID-19, los desastres y la recesión económica”.
Los niveles de reducción de las multas, el procedimiento, los requisitos, las exclusiones y la duración del régimen serán detallados por el MTPE a través de un decreto supremo.
Condiciones actuales sobre las multas laborales y sus cambios
Actualmente, la normativa contempla dos escenarios principales para la reducción de multas:
- Subsanación antes del vencimiento del plazo de apelación: Si la infracción se subsana antes del vencimiento del plazo para interponer el recurso de apelación, la multa se reduce al 30%.
- Subsanación tras la apelación: Si, después de la apelación, la infracción se subsana dentro del plazo de diez días hábiles, la multa se reduce al 50%.
La nueva propuesta legislativa no solo mantiene estas condiciones sino que también amplía las facilidades para el pago de multas. Autoriza a la Sunafil a establecer facilidades de pago, incluyendo el fraccionamiento o aplazamiento de las multas.
El proyecto de ley ha logrado un importante avance al ser aprobado por mayoría en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el pasado 4 de junio. Sin embargo, todavía deberá seguir su curso en el Congreso para ser debatido y votado en el Pleno. Este paso es crucial para determinar si la iniciativa se convierte en ley.
Reacciones y Opiniones
La propuesta ha generado diversas reacciones. Los defensores argumentan que la reducción de multas es una medida necesaria para apoyar a las empresas que han sido duramente golpeadas por la pandemia y otros factores económicos adversos. Señalan que este alivio podría incentivar la formalización y el cumplimiento de las normativas laborales, al reducir la carga financiera sobre las empresas.
Por otro lado, algunos críticos expresan preocupaciones sobre el posible debilitamiento de la fiscalización laboral. Temen que la reducción de multas pueda disminuir el efecto disuasorio de las sanciones y, en consecuencia, afectar negativamente la protección de los derechos laborales.
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El contexto económico actual ha sido especialmente desafiante para las empresas peruanas. La pandemia del COVID-19 causó una contracción significativa en la economía, afectando gravemente a diversos sectores. Adicionalmente, eventos naturales y una recesión económica han exacerbado las dificultades financieras para muchas empresas.
En este marco, el proyecto de ley pretende ser una respuesta pragmática para aliviar la presión sobre el sector empresarial y fomentar una recuperación económica más rápida y sostenida.
La propuesta legislativa ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 4 de junio y deberá seguir su camino para el debate y votación en el Pleno del Congreso.
