El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Contraloría General de la República (CGR) se encuentran en una controversia significativa respecto a la construcción de las vías internas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC). Esta disputa pone en riesgo la fecha de funcionamiento programada para diciembre próximo y ha generado preocupación entre usuarios y operadores aeroportuarios.
La Contraloría emitió el “Informe de Hito de Control N° 15827-2024-CG/APP-SCC”, en el cual se sostiene que es necesaria la suscripción de una adenda para la construcción de las vías internas del aeropuerto. Según la Contraloría, sin esta adenda, la construcción dentro de los terrenos de la concesión no debería continuar. Esta postura ha generado un punto crítico, ya que una paralización de las obras podría retrasar significativamente la apertura del nuevo terminal aéreo.
En respuesta, Ositrán ha defendido la continuidad de las obras sin la necesidad de una adenda adicional. Argumenta que las vías internas de circulación, actualmente en construcción por Lima Airport Partners (LAP), están contempladas en el Plan Maestro de Desarrollo del AIJC, aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Este plan incluye una inversión proyectada hasta el 2030, y el adelanto de estas obras responde a una necesidad actual que no requiere modificaciones contractuales adicionales.
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Un punto clave en el argumento de Ositrán es el Decreto de Urgencia N° 009-2024, que faculta al MTC a modificar contractualmente el Contrato de Concesión para viabilizar la construcción de las vías internas. Este decreto garantiza el financiamiento adicional necesario, sin necesidad de una adenda, para la construcción y operación de obras ya contempladas en el Plan Maestro de Desarrollo.
Ositrán enfatiza que la supervisión de estas obras se realiza bajo el esquema “fast track”, donde las actividades de diseño y ejecución se superponen. Esto permite un mayor avance de las obras, dado que no existe un expediente técnico aprobado, sino un diseño dentro de un marco de asignación de riesgos, donde tanto el diseño como la construcción son responsabilidad del concesionario.
El regulador también advierte que la Contraloría General de la República (CGR) estaría aplicando un marco de referencia inadecuado. La CGR usa criterios de obra pública para una concesión autosostenible, que no requiere pasar por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). En cambio, la ejecución de inversiones en este tipo de concesión se rige únicamente por el Plan Maestro de Desarrollo.
La paralización de las obras, como sugiere la Contraloría, podría tener consecuencias negativas para los usuarios y operadores aeroportuarios. La construcción de las vías internas es crucial para conectar con los puentes modulares provisionales, que servirán de acceso temporal al nuevo terminal aéreo. Un retraso podría afectar la fecha de funcionamiento prevista para diciembre, perjudicando a millones de usuarios que dependen de este importante hub de transporte.
Ositrán reitera su compromiso de supervisión dentro del marco legal de sus competencias y con la transparencia en la gestión de las inversiones. Continuará trabajando en coordinación con las partes involucradas, incluyendo el MTC y LAP, para asegurar el cumplimiento del contrato de concesión y la puesta en operación del nuevo terminal en la fecha prevista.
