La política arancelaria global impulsada por el presidente de Estados Unidos sufrió un revés decisivo tras un fallo judicial. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que el Ejecutivo excedió sus atribuciones al aplicar gravámenes masivos. El dictamen anuló la base legal utilizada para imponerlos. La decisión impacta directamente en la estrategia comercial anunciada en abril de 2025.
Horas después, el mandatario reaccionó desde la Casa Blanca con un nuevo anuncio. Cuestionó duramente a los magistrados y comunicó la aplicación de un arancel global de 10% bajo otra normativa. Calificó la sentencia como “profundamente decepcionante”. Además, afirmó que sentía vergüenza por “ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.
Control al poder ejecutivo
El fallo se aprobó por seis votos contra tres y rechazó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La Casa Blanca había invocado esa norma para justificar los aranceles anunciados el 2 de abril de 2025 durante el “Día de la Liberación”. La Corte concluyó que esa interpretación invadía competencias del Congreso. La decisión afecta gravámenes recíprocos a decenas de países, incluyendo México, Canadá y China.
El dictamen no alcanza a aranceles individuales dirigidos a productos o países específicos. En abril, el gobierno fijó un impuesto mínimo de 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos, afectando a la mayoría de países de América Latina. Trump sostuvo que no necesita autorización legislativa para el nuevo arancel global. Señaló que cuenta con facultades derivadas de las secciones 232 y 301 y de la Ley de Comercio de 1974.
Esta ley permite imponer gravámenes de hasta 15% por un máximo de 150 días antes de requerir aval del Congreso. El mandatario defendió durante años el uso de aranceles para fortalecer la manufactura nacional. Los analistas indican que, dada su insistencia, es probable que el gobierno continúe aplicando medidas similares. La tasa promedio aplicada a exportadores hacia Estados Unidos se estabilizó en torno al 15% tras negociaciones posteriores al “Día de la Liberación”.
División en el máximo tribunal
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la sentencia. Advirtió que permitir la continuidad de la agenda arancelaria “reemplazaría la colaboración histórica entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control”. Añadió: “En consecuencia, el Presidente debe mostrar ‘una autorización clara del Congreso’ para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles. Él no puede hacerlo”.
Respaldaron la decisión Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Se opusieron Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas. Dos jueces que votaron a favor del fallo fueron nominados por Trump en su primer mandato. Durante su comparecencia, el presidente elogió a los disidentes y llamó a los otros una “vergüenza” y “tontos y perros falderos”.
Impacto económico e incertidumbre
La resolución modifica el escenario comercial sin eliminar la estrategia oficial. Existen otras vías legales que podrían requerir investigaciones o aprobación legislativa. Con el fallo, la tasa promedio baja en teoría a menos de la mitad, aunque permanece por encima del 6%, casi tres veces el nivel típico a comienzos de 2025. Empresarios, importadores y consumidores esperan detalles del nuevo arancel para evaluar su implementación.
Empresas y organizaciones que cuestionaban los aranceles celebraron la decisión. El grupo We Pay the Tariffs, con más de 800 negocios, exigió una devolución “total, rápida y automática” de los gravámenes anulados. La cadena Costco había acudido a tribunales para reclamar reembolsos. Trump indicó que la devolución no se discutió y que el asunto podría litigarse durante años.
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