El Consejo de Ministros de España ha aprobado el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, estableciendo además un régimen de sanciones para las cadenas de distribución que abusen en la relación comercial de sus proveedores. Habrá multas de hasta 3.000 euros en el caso de infracciones leves; de entre 3.001 y 100.000 euros en el caso de las graves, y de entre 101.000 y un millón de euros si se trata de infracciones muy graves.
Según este proyecto, a partir de ahora será obligatorio realizar contratos por escrito para las transacciones comerciales. El proyecto de ley prohíbe, por un lado, las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo, y por otro, los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en supuestos muy específicos y bajo condiciones restrictivas.
Adicionalmente, la ley obligará a la distribución a gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como las de fabricante, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. Se trata, en definitiva, de poner fin a los abusos que se estaban cometiendo con las marcas blancas frente a las de los fabricantes.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha acogido con satisfacción la aprobación del anteproyecto ya que, en su opinión, permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que beneficiará al consumidor.
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