A dos meses de que el Congreso de la República aprobara enviar la propuesta de ley de prohibición de llamadas por spam, el Ejecutivo considera que la modificación podría afectar la libertad de empresas y usuarios.
El 3 de marzo, el Congreso de República aprobó por unanimidad una propuesta para prohibir que las empresas realicen llamadas por spam o envíen mensajes de texto para ofrecer sus productos o servicios sin permiso del consumidor, lo que modificaría el Artículo 58 de la Ley 29571.
Según el Ejecutivo, que ya observó el proyecto de la ley, esta propuesta no tendría el efecto deseado por el congreso que consiste en brindarle tranquilidad a los consumidores. La entidad señala que, “pese afectar derechos fundamentales” se debe hacer un test de proporcionalidad o debido a la forma en la que está planteada podría afectar la libertad de empresa.
Ley contra llamadas por spam
Elías Varas Meléndez (PB), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, expuso el 3 marzo las modificatorias planteadas a la Ley Código de Protección y Defensa del Consumidor, que también regulan el horario para realizar las llamadas de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas.
Varas Meléndez enfatizó su rechazo a la actual práctica de las llamadas conocidas como “spams”, las cuales califica como abusivas y agresivas. Agregó que la propuesta busca proteger al consumidor y evitar que se perturbe su tranquilidad y vida cotidiana.
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A su vez, la legisladora Patricia Juárez (FP), autora de una de las iniciativas presentadas en el texto sustitutorio, señala que existe acoso por parte de algunos proveedores de bienes y servicios por medio de los call centers.
Mientras que para los congresistas José Luna (PP) y Katy Ugarte (PL), también autores de los proyectos de ley contenidos en la propuesta, la ley se encargaría de proteger la salud emocional de los consumidores y garantizar el uso correcto de sus datos personales.
Respuesta del Ejecutivo
“Al no contar el dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley, con el test de proporcionalidad (…) y del derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado (artículo 65 de la Constitución Política del Perú), se puede afirmar que la propuesta legislativa no se encuentra adecuadamente sustentada”, señala el documento presentado por el Ejecutivo.
Para la entidad legislativa, la modificación propuesta podría restringir no solo las llamadas por spam, sino que afectaría también a las llamadas con índole comercial de forma general. Esta posibilidad traería consecuencias en el mercado de telemarketing, lo que no beneficiaría a los consumidores.
La propuesta del Legislativo señala que no se podrán emplear call centers o centros de llamadas, tampoco el envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios y “realizar propuestas comerciales a consumidor alguno”, incluso para quienes brinden directamente su información privada a las empresas.
Actualmente, el proyecto se encuentra de nuevo en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Se evaluarán las observaciones del Ejecutivo para archivarlo o aprobarlo por insistencia en el Pleno.
