El pleno del Congreso concluyó su última legislatura del año con varios temas pendientes, entre los cuales destaca la eliminación del cobro por transferencias bancarias y el pago con tarjetas de crédito. Esta propuesta, que había avanzado considerablemente, se vio interrumpida por una reconsideración del voto presentada a último momento, lo que impidió que la autógrafa fuera enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El dictamen fue aprobado en segunda votación el jueves 12 de diciembre, sin observaciones. Sin embargo, el congresista Víctor Flores, de la bancada Fuerza Popular, presentó una reconsideración del voto por escrito, lo que generó un inesperado retraso en el proceso. A pesar de que la propuesta había sido ampliamente respaldada, la reconsideración del voto abrió un espacio de incertidumbre en torno a su futura aprobación.
El pedido no fue resuelto en la última sesión del año, la cual se extendió hasta la madrugada del 14 de diciembre. Debido a esto, el proceso de aplicación de este dictamen queda detenido, por lo que no podrá avanzar hasta que sea revisado nuevamente, ya sea en la Comisión Permanente o en el pleno del Congreso el próximo año.
¿Qué se busca aprobar en el Congreso?
El objetivo de la norma es eliminar la comisión que los usuarios del sistema financiero deben pagar por transferencias bancarias y pagos con tarjeta de crédito, con excepción de las cajas rurales, microfinancieras y cooperativas.
El texto aprobado, que fue votado en el pleno, modifica la Ley N° 31143, denominada como “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”, y fue respaldado por 75 parlamentarios.
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Según el dictamen, no se permitirá el cobro de comisiones por transferencias bancarias en los contratos de tarjeta de crédito y en cuentas de ahorro y corriente a nivel nacional, ya sea dentro de la misma entidad, a otra entidad o entre diferentes entidades.
Además, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31143 incorpora la prohibición del cobro de comisiones por pagos con tarjeta de crédito a través de empresas financieras u otras entidades que no sean la emisora de la tarjeta.
Posturas contrarias
La medida ha suscitado críticas por parte de diversos expertos y entidades, como el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas instituciones señalan el posible impacto negativo que la nueva normativa podría tener en la seguridad de las transacciones de este tipo.
Se pone especial énfasis en las consecuencias que esta medida podría acarrear para la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), la cual es una entidad privada regulada y supervisada por el BCR que garantiza la seguridad de las transferencias interbancarias.
Esta institución es responsable de verificar aspectos fundamentales del proceso, como la existencia de las cuentas, la disponibilidad de los fondos y la seguridad de las transferencias. “Se debe costear el trabajo de la CCE”, explica Jorge Delgado expresidente de Asomif, y agregó que “el cobro de comisiones es el costo de la calidad y seguridad del servicio”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que la norma en cuestión infringe el artículo 59 de la Constitución, el cual protege la libertad de empresa y garantiza la autonomía en la fijación de precios.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) coincide con esta posición, argumentando que el proyecto de ley viola el marco jurídico vigente al imponer a las entidades la obligación de ofrecer servicios gratuitos sin tener en cuenta los costos operativos que ello conlleva.
