La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y 22 gremios empresariales exigieron la derogación de la ley sobre crimen organizado (Ley N.º 32108) aprobada recientemente por el Congreso, argumentando que esa normativa no brinda una respuesta efectiva frente al crecimiento del crimen organizado en el país.
Solicitaron que se tipifiquen delitos como la extorsión y el sicariato bajo el concepto de “terrorismo urbano”, con el fin de endurecer las penas y frenar el avance de estas actividades ilícitas que afectan gravemente a sus negocios.
En un comunicado conjunto, los gremios que representan desde microempresas hasta grandes corporaciones, como bodegas, ferreterías, restaurantes, boticas, y centros comerciales, denunciaron que la inseguridad se volvió insostenible en el Perú.
“Los sectores productivos del país sufren el asedio de las extorsiones y la violencia, lo que ha llevado a muchos a cerrar sus negocios o vivir bajo constante amenaza”, señalaron en la misiva.
“Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado”, lamentaron.
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La Confiep, junto a organizaciones como Accep, Armap, Aspan, Gamarra Perú, Adex, Canatur y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que se actúe con decisión política ante el incremento de las extorsiones y la violencia que sufren diariamente miles de empresarios peruanos.
Los representantes empresariales también reclamaron que el reciente cambio en el Código Penal, que flexibiliza la persecución del crimen organizado, agrava la situación. “Los extorsionadores y sicarios han tomado control de vastas zonas del país, mientras que el Estado muestra una alarmante inacción”, indicaron.
En el comunicado, también pidieron el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que su debilitamiento solo facilita la expansión del crimen organizado en diversas zonas del país.
¿Qué dice la ley sobre el crimen organizado y por qué la cuestionan?
En julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, un dictamen que modifica el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para limitar derechos en investigaciones preliminares. La iniciativa recibió 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, con el respaldo de los partidos Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País.
Presentada por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), la modificación redefine la organización criminal y establece que los allanamientos deben realizarse con la presencia del involucrado y su abogado. La nueva definición considera organización criminal a grupos con una estructura compleja y capacidad operativa, compuestos por tres o más personas que se organizan para cometer delitos con penas mayores a seis años, buscando controlar mercados ilegales para obtener beneficios económicos.
José Ugaz, exprocurador ad hoc de la Nación, criticó en una entrevista que el actual Congreso “representa los intereses del crimen organizado”. Ugaz destacó que las modificaciones recientes han debilitado la ley de colaboración eficaz, recortando plazos procesales y creando condiciones que hacen inviable su aplicación.
La organización Capital Humano y Social (CHS Alternativo) advirtió que la nueva ley favorece a las organizaciones criminales al excluir 59 de los 91 tipos penales que abarcaba la norma original. Delitos como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos y corrupción ya no podrán ser investigados bajo la definición de organización criminal, lo que limita la capacidad del Estado para enfrentar estas conductas delictivas.
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