Empresarios peruanos se reunieron esta mañana en conferencia de prensa para expresar su malestar ante los constantes cierres de locales y puestos de venta de manera arbitraria, efectuados por las entidades ediles. A una sola voz exigen la pronta aprobación del proyecto de ley 04952/2022 que impediría estos abusos.
Durante la cita expusieron sus motivos –y distintos casos registrados– los representantes de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), la Asociación de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) y la Asociación Nacional de Farmacias y Boticas Independientes (ASPEFAR).
También se encontraron otros gremios como la Federación Nacional de Emolienteros y Afines (FENTEP), la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza – APEB, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX), la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB) y la Asociación de Centros Comerciales (ACCEP).
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Durante los últimos meses, se han notificado múltiples cierres de negocios que, en palabras de los empresarios, han sido “desproporcionados”. Los casos más severos se registraron en centros comerciales, como Larcomar (Miraflores), Real Plaza Puruchuco (Ate) y Open Plaza Angamos (Surquillo), donde algunas observaciones a locales terminaron en imponer la clausura temporal de los malls.
Pero esta misma situación se repite en locales puerta calle, negocios pequeños como bodegas, farmacias y panaderías. Según compartieron los gremios, por detalles menores como no tener un extintor de fuego en su ubicación designada les impusieron el cierre total hasta que subsanen la falta. Aseguran que incluso tras resolver el problema, deben pagar a la municipalidad para que realice otra inspección.
Empresarios alzaron su voz
El proyecto de Ley 4952/2022, presentado por el congresista Hernando García García, tiene por objeto fortalecer las libertades de empresa y comercio establecidos en el artículo 590 de la Constitución Política del Perú.
Busca regular la clausura de establecimientos comerciales, de manera temporal o definitiva, por parte de todas las entidades administrativas, incluyendo Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Gobierno Central, Organismos Reguladores, Organismos Constitucionalmente Autónomos y cualquier otra entidad que forme parte de la administración pública.
“Lo que este proyecto de ley trata es de nivelar la cancha. Que por un lado, la fiscalización sea aceptable y que las sanciones sean proporcionales, que no estén bajo el libre albedrío del inspector municipal. Invitamos a los demás congresistas a sumarse a este llamado. ¡Basta de abusos!”, sostuvo Andrés Choy, presidente de la ABP.
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“No estamos en contra de las fiscalizaciones, queremos que hagan su trabajo pero queremos que lo hagan mejor. Este es un proyecto de los micro y pequeños empresarios que estamos defendiendo nuestro derecho a trabajar”, acotó en su momento Susana Saldaña, dirigente de Gamarra.
A su intervención, Pio Pantoja, presidente de ASPAN, mencionó: “Las autoridades están imponiendo multas con cantidades exorbitantes por algo que se puede modificar inmediatamente. Estamos de acuerdo en que hay negocios que dejan mucho que desear, pero en todas las instancias hay por ejemplo una infracción por encontrar una mosca en alimentos, con multas que van desde S/20.000, S/40.000 y en otros implica el cierre del local. Estas son las incongruencias que exponemos hoy”.
“Esta es la indignación que tenemos todos los usuarios y administradores de negocio. Que quede claro, que los empresarios no estamos en contra de la fiscalización, pero que no sean abusivos”, agregó Ana María Jiménez, presidenta de ASPEFAR.
Aquí la conferencia:
