En el último año (hasta marzo de 2023) fueron resultas un total de 1177 apelaciones interpuestas por empresas ante resoluciones de Sunafil. Dichos procesos son resueltos por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL).
El TFL resuelve, como última instancia administrativa, los casos presentados a través de un recurso de revisión que procede cuando se detecta la inaplicación o aplicación e interpretación errónea de las normas del derecho laboral. Estos han sido su resultados en el último año.
Del total de casos, se declararon infundados poco más de la mitad de los reclamos (52.4%) de las empresas que estaban en desacuerdo con sanciones de la Sunafil. Por otro lado, un 17.2% se declararon fundados en parte y 2.4% fueron considerados totalmente fundados.
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Esto quiere decir que solo dos de cada diez casos que llegan al Tribunal de Fiscalización Laboral fallan a favor de las empresas. El resto de los casos son declarados nulos (15.6%), improcedentes (7.4%), sufren de vicio de caducidad de plazo o no tienen un impacto directo en la decisión de la Sunafil.
En comparación con la data de 2021-2022, el Tribunal entonces declaraba fundados en parte al 26.4% de los casos, a su vez que el 13.2% eran declarados totalmente fundados. Es decir, hasta hace un año cuatro de cada diez (39.6%) casos fallaban en favor de las empresas.
¿Qué sectores apelan más ante el tribunal?
La mayoría de casos que se encuentran en el Tribunal de Fiscalización corresponden al sector de Comercio, seguido del de Transporte, Manufactura, Construcción, Minería y Agropecuario.
Esto tiene correlación con los datos del tercer trimestre del 2022, pues los sectores con más fiscalizaciones son los de servicios, comercio al por mayor y menor, manufactura, transportes y construcción.
El 32% de casos que llegan al TFL están relacionados con la infracción de “no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.
En tanto, el 24% corresponden a la negativa de la empresa de brindar a los inspectores la información y documentación necesarias para la inspección. Asimismo, el 11% está relacionado con infracciones al código laboral, referido a las horas de trabajo, vacaciones, descansos, refrigerio, entre otros.
