Adiós a las incesantes llamadas spam. El Congreso de la República aprobó el último viernes la propuesta que modifica el Artículo 58° de la Ley 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), que en resumen prohíbe las “prácticas abusivas” de los call centers.
La autógrafa recibió 103 votos a favor y fue exonerada de segunda votación. Según el texto aprobado, solo se podrá contactar directamente a los usuarios que hayan dado su consentimiento a la empresa para recibir información y publicidad sobre un determinado producto o servicio.
Tiene por objeto: “prohibir que las empresas realicen llamadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios, sin que esto haya sido solicitado por el consumidor”.
Además, precisa que se debe mejorar la legislación ante el fracaso del sistema anterior por el cual los consumidores que no deseaban recibir mensajes o llamadas telefónicas comerciales debían previamente inscribirse en un registro, “Gracias no insistas”, el mismo que no está vigente desde el 2018.
“La Comisión considera que es momento oportuno de establecer que los sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto, mensajes de voz, o mensajes electrónicos personales o masivos cuyo fin es promover la comercialización de productos o servicios, así como realizar telemercadeo queden prohibidos”.
Detalles de la prohibición
Como se recuerda, sobre este caso en concreto se presentaron 3 proyectos de Ley para modificar el marco normativo y prohibir las llamadas spam; 2942/2022-CR, 3131/2022-CR y 3541/2022-CR. Todas han sido definidas en un solo proyecto de ley que finalmente fue aprobado por unanimidad.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Elías Varas Meléndez (PB) expuso las modificatorias planteadas a los incisos “d” y “e” del numeral 58.1 de la Ley Código de Protección y Defensa del Consumidor.
A su vez, se regulará también el horario para realizar las llamadas consentidas. Estas solo podrán efectuarse de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas.
Varas Meléndez enfatizó su rechazo a la actual práctica de las llamadas denominadas “spams”, la misma que calificó como abusiva y agresiva. Añadió que la propuesta busca salvaguardar al consumidor y evitar que se perturbe su tranquilidad y vida cotidiana.
Personas deberán dar su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco para ser contactado
La legisladora Patricia Juárez (FP) autora de una de las iniciativas acumuladas en el texto sustitutorio, señaló que existe un acoso por parte de diversos proveedores de bienes y servicios a través de los call centers y que la libertad económica, siempre debe estar acorde con el derecho a la tranquilidad y dignidad humana, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional.
Asimismo, los parlamentarios José Luna (PP) y Katy Ugarte (PL) también autores de los proyectos de ley contenidos en la propuesta, resaltaron la necesidad de proteger la salud emocional de los consumidores y garantizar el uso correcto de sus datos personales, para lo cual se requiere continuar fortaleciendo el código de defensa del consumidor.
Durante el debate se indicó que, de continuar con la práctica invasiva, las empresas que incurran en una infracción grave podrán ser sancionados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
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Cabe señalar que en 2021, el Perú se ubicó como el segundo país con más llamadas molestosas en el mundo, por debajo de Brasil, según Truecaller Insights. Una persona recibía en ese año en promedio 18 de estas comunicaciones al mes.
Por su parte, la Asociación de Centros de Contacto y Experiencia al Cliente (Apexo), considera que el proyecto de Ley de prohibición de llamadas de los Centros de Contacto podría perjudicar a 20 mil empleos de jóvenes peruanos.
“Estamos de acuerdo con la regulación. Promovemos que existan reglas claras para el beneficio de los consumidores, pero no podemos aceptar la prohibición de las llamadas, mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover sus productos y servicios. Son 20 mil puestos de trabajo que se van a perder de manera inmediata de aprobarse la ley”, comentó Guy Fort, presidente de Apexo
