La agencia calificadora internacional Fitch Ratings comentó este jueves que el caos político y la convulsión social que atraviesa el Perú debilitará las perspectivas de crecimiento económico. Incluso podrían llegar a desafiar la resiliencia fiscal del país.
“El punto de partida fiscal de este año es más fuerte de lo que anticipábamos, pero la perturbación económica por la parálisis de las políticas y el descontento social se está volviendo más evidente”, describe. Como recordaremos, la crisis surgió tras la destitución de Pedro Castillo y nombramiento de Dina Boluarte en la presidencia del Perú el pasado 7 de diciembre. Desde entonces, ciudadanos se han levantado en protestas interminables.
Uno de los principales motivos de las marchas es el adelanto de Elecciones Generales. El hecho de que el Congreso no aprobara a principios de febrero el proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte para celebrar elecciones este año significa que aún no está claro cómo se resolverá la última crisis política de Perú, advierte Fitch.
La unidad legislativa aún tiene que ratificar por completo una propuesta para adelantar las elecciones a abril de 2024 desde 2026. Todavía se mantiene en debate político la fecha.
Una larga situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso persisten como obstáculos para las iniciativas políticas, precisa la agencia. “Un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno y los riesgos resultantes para la inversión y el crecimiento fueron factores clave de nuestra revisión de la Perspectiva de la calificación ‘BBB’ de Perú a Negativa desde Estable en octubre de 2022”, explicó Fitch.
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Han sido múltiples los escenarios de protesta en el país. En algunas regiones llegaron a la violencia, los actos vandálicos y la toma de unidades comerciales, estatales y de transporte. Debido a los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, a la fecha han fallecido más de 60 peruanos.
“Los eventos recientes son consistentes con nuestra opinión de que este deterioro será difícil de revertir durante nuestro período de pronóstico hasta fines de 2024. La administración de Boluarte enfrenta el mismo desafío que la de Castillo en la conducción de la legislación a través de un Congreso fragmentado”, apunta Fitch.
Más del 70% de los peruanos quieren que renuncie, según una encuesta reciente. La oficina del fiscal general anunció una investigación sobre el manejo de las protestas que han interrumpido periódicamente la infraestructura de transporte y afectado la actividad económica.
Crisis política de Perú podría poner a prueba la resiliencia fiscal
La deuda pública moderada es una fortaleza de calificación. El déficit fiscal de 2022 se redujo al 1,6% del PIB, 0,9 pp menos que en 2021, según el Ministerio de Economía. Ello se debió principalmente a un aumento del 12,7% en los ingresos corrientes del gobierno general, como resultado del alto crecimiento nominal y los sólidos precios de las materias primas. Se canceló el gasto en salud relacionado con la pandemia.
Cabe señalar que el déficit de 2022 fue inferior a la expectativa inicial del 2% de Fitch y es consistente con que la deuda pública/PIB se mantuviera muy por debajo de la mediana de la categoría ‘BBB’ (2022: 55,8%), aunque sigue siendo más alta que antes de la pandemia.
El reciente repunte del precio del cobre respaldaría el desempeño fiscal si se mantiene, y el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que se respetarán los objetivos fiscales existentes. Sin embargo, la crisis ha aumentado la incertidumbre fiscal. Puede obstaculizar la ejecución del gasto de capital, pero podría provocar un cambio hacia un gasto expansivo, en opinión de Fitch.
Hasta ahora se han aprobado cerca de la mitad de las medidas de reactivación económica por un total de 1,2% del PIB (parte de la respuesta inicial del gobierno a las protestas).
