El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, ha oficializado el objetivo de crecimiento económico que el Gobierno se ha propuesto alcanzar para el 2026. Esta meta se sitúa en un 3,2 % y tiene como propósito principal consolidar la estabilidad y la confianza en la economía peruana. El anuncio fue realizado durante su presentación ante el Congreso, en el marco del pedido de voto de confianza al Gabinete Ministerial.
Álvarez Miranda afirmó que esta proyección reafirma el compromiso con una gestión económica que será predecible, responsable y totalmente transparente. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó que el Perú se encuentra avanzando con “paso firme” hacia una etapa crucial de consolidación económica. Además, este avance busca fomentar una confianza robusta y duradera para todas las inversiones a nivel nacional e internacional.
El jefe del Gabinete Ministerial señaló que el enfoque de esta gestión se basa en la transición y la reconciliación, lo que implica promover medidas claras. Asimismo, Álvarez Miranda indicó que se garantizará una ejecución eficiente de la política económica en coordinación constante con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Plan para destrabar inversiones
Una estrategia clave para alcanzar la proyección del 3,2 % en 2026 será el impulso directo a las inversiones que actualmente se encuentran detenidas. El Poder Ejecutivo promoverá activamente actividades destinadas a destrabar proyectos que enfrentan graves demoras por excesiva regulación o trámites burocráticos lentos. Para concretar estos objetivos, es fundamental que las distintas entidades del Estado se alineen completamente con las políticas de promoción de inversión.
“Promoveremos las actividades económicas y medidas que ayuden a destrabar las inversiones que demoran más de lo necesario por trámites burocráticos o excesivamente reglamentaristas”, explicó Álvarez durante su presentación en el Congreso de la República.
Álvarez Miranda precisó que el Poder Ejecutivo adoptará las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas fiscales establecidas para el 2025, en coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de garantizar una ejecución eficiente y responsable de la política económica, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad de las cuentas públicas y la confianza en la gestión del Estado.
