Los gremios empresariales señalaron este viernes que la lucha contra la criminalidad y las economías ilegales debe asumirse como una política de Estado por parte del gobierno que encabeza el presidente José Jerí. Tras la vacancia de Dina Boluarte, esta exigencia se ha convertido en una prioridad para el sector productivo. Además de la seguridad, los empresarios enfatizaron que el nuevo gobierno debe actuar con pleno respeto a la Constitución y al calendario electoral vigente.
La seguridad ciudadana fue destacada como uno de los principales factores que limitan el desarrollo económico y social del país. Según indicaron, la creciente percepción de inseguridad desincentiva la inversión, frena el consumo y eleva los costos operativos de las empresas. En su comunicado, los gremios advirtieron que “la seguridad ciudadana es hoy la mayor preocupación de los peruanos y el principal obstáculo para el desarrollo”.
Asimismo, destacaron la necesidad de una acción firme, coordinada y sostenida para enfrentar las amenazas criminales que afectan a la población y a la actividad productiva. Propusieron fortalecer los mecanismos de respuesta del Estado, con medidas efectivas que reduzcan la impunidad y mejoren la seguridad cotidiana. Esta estrategia, subrayaron, debe centrarse en combatir la extorsión, el sicariato y las mafias que atentan contra la vida, la inversión y el empleo.
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Gremios solicitan un gabinete técnico y éticamente solvente
Los representantes del empresariado subrayaron que el nuevo gobierno tiene el deber ineludible de respetar el marco legal y la institucionalidad democrática. En esa línea, destacaron la importancia de garantizar el cumplimiento del calendario electoral y reafirmaron que “es su deber asegurar la realización de las Elecciones Generales de 2026 de manera limpia y transparente, así como una transición ordenada conforme lo establece la Constitución”.
Para restablecer la confianza y la credibilidad en la gestión pública, los gremios solicitaron al presidente de la República convocar a un gabinete de unidad nacional. Este nuevo Consejo de Ministros debe estar integrado por profesionales que sean técnicos y éticamente solventes. La intención es que el Perú cuente con un gabinete con “profesionales capaces y de probada integridad, que otorgue credibilidad a la gestión pública y garanticen decisiones con rigor técnico y visión de Estado”.
En el marco de la inestabilidad política, los gremios empresariales reafirmaron su compromiso inquebrantable con el estado de derecho, la democracia, y la economía social de mercado. El sector privado insiste en su papel activo como motor del desarrollo nacional. Aseguraron que “los empresarios del país seguiremos apostando por la inversión, la formalidad y la generación de empleo digno, convencidos de que el crecimiento solo será sostenible si se construye sobre la base del orden, y la confianza”.
El comunicado fue suscrito por una amplia coalición de entidades representativas del sector privado peruano. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Adex, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). La lista de firmantes incluye también a Comex Perú, Canatur, Mipyme, Perú Cámaras, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras, Plataforma Nacional Gremios Mipymes, PeruCaña y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).
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