El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento sancionador contra los responsables del derrumbe en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo. Este incidente, ocurrido el 21 de febrero, dejó seis fallecidos y más de 80 heridos.
Tras una investigación preliminar, la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en La Libertad determinó que el centro comercial habría incumplido diversas normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre ellas, el deber de idoneidad, la seguridad de las personas y la obligación de brindar información clara a sus clientes.
Indecopi impone medidas cautelares
Como parte de la respuesta, Indecopi ordenó el cierre temporal del centro comercial Real Plaza Trujillo. Además, la empresa deberá asumir todos los gastos médicos de las víctimas, identificar a posibles afectados indirectos y cubrir los costos de sepelio de los fallecidos o realizar el reintegro correspondiente a las familias.
El personal de Indecopi se movilizó a hospitales y clínicas para verificar que los heridos recibieran atención adecuada. También supervisó la activación de seguros para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores afectados.
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A través de un comunicado, Indecopi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso con la comunidad trujillana. La entidad aseguró que seguirá investigando y sancionando a los responsables para evitar futuras tragedias de esta magnitud.
Responsabilidad y fiscalización en infraestructura comercial
El colapso del techo en el patio de comidas ha generado indignación y preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen respuestas claras sobre las causas del siniestro. Expertos en seguridad y construcción han señalado que es fundamental revisar las inspecciones técnicas realizadas al centro comercial en los últimos años.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aclaró que, desde 2011, no tiene injerencia en las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Estas responsabilidades fueron transferidas a los gobiernos regionales y locales, mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asumió la supervisión en 2018.
Este caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización de la infraestructura comercial en el país. Especialistas advierten que la falta de controles rigurosos podría exponer a los ciudadanos a nuevos riesgos. En este contexto, diversas entidades han solicitado reforzar la normativa y endurecer las sanciones para los establecimientos que incumplan con las medidas de seguridad.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad trujillana espera respuestas concretas y acciones efectivas que garanticen la seguridad en centros comerciales y espacios públicos. Indecopi ha reiterado que recibirá denuncias y reclamos relacionados con el caso para seguir velando por los derechos de los consumidores.
