La postura oficial de Indecopi es “en contra” del Proyecto de Ley N° 7776/2023-CR. Esta iniciativa propone otorgar autonomía a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Dicha autonomía implicaría separarla completamente de la estructura actual de Indecopi. La directora de la Autoridad Nacional, Anna Patricia Wilstatter Vásquez argumentó que la institución ya ha consolidado un “expertise”.
Este conocimiento especializado se ha desarrollado a lo largo de 15 años como autoridad nacional. Wilstatter, se pronunció en RPP sobre el tema, donde destacó la importancia crítica de la función dentro de la entidad matriz. Afirmó que “la mitad de las acciones y recursos del Indecopi están en temas de protección del consumidor, es como el tema más importante y más fuerte dentro de la institución”.
Además, sostuvo firmemente que “Indecopi es una entidad reconocida por su actividad de protección al consumidor”. Añadió que “los consumidores confían en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”. Este Proyecto de Ley N° 7776/2023-CR fue impulsado por el congresista Wilson Soto Palacios.
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El objetivo del PL es modificar cuatro artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según sus promotores, busca fortalecer la rectoría y superar limitaciones para ejercer un rol independiente. No obstante, la representante de Indecopi cuestionó que el proyecto no identifique correctamente a la entidad. Wilstatter Vásquez explicó que el trabajo real de la institución va “mucho más allá” que solo resolver quejas.
Detalles de la labor proactiva y preventiva
La labor de protección al consumidor abarca una serie de acciones proactivas y preventivas. Una actividad muy fuerte es la “atención de reclamos y denuncias”. También incluyen la “fiscalización en el mercado” para hallar potenciales infractores de la norma. El trabajo incluye la “orientación a consumidores”, distinguiendo muchos temas de consumo. Finalmente, hay una vital “labor de prevención”, incluyendo la aprobación de la Política Nacional de Protección del Consumidor.
El Proyecto de Ley busca convertir a la Autoridad en un organismo público descentralizado. Quedaría adscrito a la PCM, dotado de autonomía administrativa, técnica, económica y financiera. La institución cuenta con un historial sólido en resolución de controversias. Se recalca que las denuncias gestionadas tienen un “nivel de confirmación en el poder judicial bastante alto”, este nivel de confirmación judicial alcanza hasta el 32 %.
