El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a dos entidades financieras por establecer límites de edad en la oferta de sus créditos sin contar con un sustento objetivo. Esta práctica fue considerada como discriminatoria hacia los consumidores por parte de la autoridad supervisora.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor informó que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna fue multada con 8 UIT. La sanción se debió a que indicaban en su página web que su producto «Crédito Multioficios» solo podía ser solicitado por personas desde los 20 años. La entidad no logró acreditar una justificación razonable para esta restricción, afectando así a los consumidores menores de esa edad.
Asimismo, la entidad informó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Serfinco recibió una sanción económica de 5 UIT. En este caso, la cooperativa señalaba que su «Crédito Personal» estaba dirigido exclusivamente a personas con edades entre los 18 y 63 años. Esta política excluía directamente a los adultos mayores sin presentar un sustento técnico que avalara dicha decisión comercial.
Evaluación de riesgo basada en criterios objetivos
El Indecopi recordó que las entidades del sistema financiero no deben establecer límites de edad como requisito de acceso sin una justificación objetiva. De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, estas acciones pueden constituir prácticas discriminatorias prohibidas.
En esa misma línea, Indecopi precisó que las entidades financieras sí tienen la facultad de evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes. Sin embargo, aclaró enfáticamente que esta evaluación debe sustentarse en criterios objetivos, tales como la capacidad de pago del cliente. No es permisible que las condiciones para otorgar un préstamo se basen simplemente en condiciones personales como la edad.
Finalmente, la institución indicó que ambos casos corresponden a la segunda y última instancia administrativa del proceso. Esto significa que las sanciones impuestas ya han sido ratificadas y las resoluciones correspondientes son ahora de carácter público. Con esta transparencia, el regulador espera sentar un precedente para que otras entidades del sector ajusten sus políticas de contratación.
