El grupo Intercorp emitió un pronunciamiento oficial tras la clausura de 15 de sus establecimientos en el distrito de Miraflores en menos de una semana. Entre los locales afectados se encuentran marcas emblemáticas como Cineplanet, Oechsle, Interbank, Bembos y Vivanda. Según la compañía, estas acciones de fiscalización municipal han impactado diversos sectores, incluyendo servicios financieros, retail, restaurantes y cines.
La empresa calificó estas medidas como “cierres irregulares“, asegurando que carecen de una base legal apropiada para su ejecución. En su comunicado, Intercorp enfatizó que todos sus locales operan bajo la normativa vigente y cuentan con la documentación en regla. “Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”, señaló la firma.
Uno de los puntos más críticos señalados por el holding es la velocidad y el carácter selectivo con el que la Municipalidad de Miraflores ejecutó las clausuras. La compañía expresó su asombro ante lo que considera una acción coordinada dirigida específicamente hacia sus unidades de negocio. Esta situación ha generado una profunda preocupación en el grupo debido a la aparente falta de equidad en la aplicación de las normas municipales.
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Al respecto, la empresa manifestó que: “sorprende la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la Municipalidad que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”. Entre los cierres más notorios figuran el Cineplanet Alcázar y el Plaza Vea de la avenida Arequipa, ambos con alta afluencia de público. También se vieron afectadas sedes de Interbank en la avenida Ricardo Palma y el Bembos de la avenida Larco.
Intercorp hace un llamado al diálogo
Intercorp sugiere que estas clausuras no serían aisladas, sino que coincidirían con una disputa contractual existente con la comuna miraflorina. La controversia gira en torno al convenio de colaboración social para el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Dicho acuerdo fue firmado entre la municipalidad y un consorcio de cuatro empresas del holding, liderado por Urbi Propiedades.
La empresa explicó la situación indicando que: “esta situación ocurre coincidentemente en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla”. Para el holding, esta coincidencia temporal afecta la percepción de estabilidad y seguridad jurídica para las inversiones en el distrito. Por ello, consideran fundamental esclarecer las motivaciones reales detrás de estas sanciones administrativas.
Ante la afectación de sus operaciones, trabajadores y clientes, Intercorp hizo un llamado directo a las autoridades municipales para resolver el conflicto. La compañía instó a la gestión edil a “restaurar la legítima licencia para operar de nuestras empresas en el distrito” de manera inmediata. El objetivo es normalizar las actividades comerciales que brindan servicios esenciales y entretenimiento a los vecinos de Miraflores.
Finalmente, el grupo reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto a todos los requisitos municipales exigidos. Aseguraron que continuarán monitoreando la situación de cerca para evitar futuras medidas que perjudiquen el ecosistema laboral de sus tiendas. Intercorp espera que predomine el sustento técnico en las fiscalizaciones para garantizar un entorno de inversión justo y predecible para todas las empresas.
Gremios exigen proporcionalidad y debido proceso
A través de un comunicado, los gremios empresariales expresaron su “profunda preocupación frente a la reciente ola de clausuras y acciones de fiscalización” en Miraflores y advirtieron que la simultaneidad de las medidas genera inquietud sobre una aplicación “equitativa y no selectiva”. Enfatizaron que toda acción debe ejecutarse bajo criterios de “proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad”.
Asimismo, señalaron que la clausura “constituye la medida sancionadora más severa” y debe aplicarse solo ante incumplimientos graves debidamente acreditados, respetando el debido procedimiento. Reafirmaron que la “seguridad jurídica y la estabilidad normativa” resultan indispensables para la actividad empresarial y pidieron reglas claras, trato justo y diálogo permanente entre autoridades y sector privado.
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