El sector bodeguero en Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos, con un alarmante número de cierres debido a la creciente inseguridad. La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú ha revelado que, de las 500.000 bodegas existentes en el país, al menos 2.600 han bajado sus persianas solo en lo que va del 2025. Esta cifra se acerca peligrosamente al total registrado en todo el año 2024, proyectando un panorama aún más sombrío para el comercio local.
Hasta mediados de agosto de 2025, el cierre de 2.600 bodegas ya casi iguala los 3.000 cierres de todo el año anterior. Milagros Chojeda, vocera de la organización, enfatiza la gravedad: “Sí, porque el año pasado al cierre fue de 3.000. En cambio, aquí hasta agosto, hasta la quincena de agosto aproximadamente 2.600 bodegas han cerrado”. Este aumento progresivo “afecta la economía tanto de la bodega como de las familias y de todo el trabajo que generan”.
El hostigamiento a los bodegueros va más allá de extorsiones y cobros de cupos, incluyendo formas de coerción criminal como el llamado préstamo “gota a gota”. Esta práctica ilegal ofrece dinero “fácil” con intereses abusivos y pagos diarios. Sin embargo, lo más preocupante es que los comerciantes son obligados a aceptar el dinero bajo amenaza, incluso sin haberlo solicitado, intensificando su vulnerabilidad.
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La situación es tan extrema que la denuncia no es una opción segura para muchos. Milagros Chojeda explicó la brutalidad de los delincuentes: “No es que ellas pidan préstamos. Ellos van y les tiran los fajos de billete obligándolas a que tomen esos préstamos. Y bueno, si ellas declaran o van a la comisaría a denunciar, pues le tiran sus granadas en la puerta de la bodega”. Esta violencia creciente ha generado la pérdida de la principal fuente de ingresos para muchas familias.
Impacto en la comunidad
El cierre de estos locales tiene un impacto directo en la economía barrial, donde las bodegas cumplen un rol central como puntos de abastecimiento diario. Los delincuentes no solo amenazan a los dueños de los negocios, sino que también extienden sus intimidaciones a sus familias. Esta escalada de miedo acelera el abandono de los negocios, dejando vacíos importantes en la vida comunitaria y económica.
En diversos distritos de la capital, es cada vez más común ver bodegas con las rejas abajo y carteles de alquiler en sus puertas. Para muchos vecinos, esta ausencia no solo significa la pérdida de un lugar para adquirir productos básicos, sino también la desaparición de un espacio de cercanía. La vocera de la asociación recordó que “asaltos, sicariato y cobros extorsivos ya forman parte del día a día de miles de comerciantes”.
Ante esta crisis, la Asociación de Mujeres Bodegueras exige acciones concretas de las autoridades. “Que de verdad tomen prioridad. No queremos culpar a nadie. Que tomen prioridad por nuestros requerimientos”, declaró Chojeda. Sus demandas incluyen la implementación de botones de pánico, una mayor presencia policial y un compromiso más activo de los serenos y municipalidades para proteger a los comerciantes.
¿Cuáles son los distritos más afectados?
De las 500.000 bodegas registradas en el Perú, alrededor del 70% son administradas por mujeres, lo que las convierte en el grupo más expuesto a esta violencia criminal. Muchas de ellas son el principal sustento económico de sus familias, lo que agrava aún más las consecuencias sociales y económicas cuando se ven obligadas a cerrar sus negocios debido a las amenazas y la inseguridad.
En Lima, los distritos más golpeados por la delincuencia son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas y Ate. Fuera de la capital, Trujillo y Huaura destacan entre las provincias más afectadas. En todas estas zonas, los bodegueros coinciden en que la falta de protección efectiva los deja completamente a merced de las bandas criminales, sin recursos para defenderse.
Las bodegas representan uno de los rubros más importantes de la economía popular en el Perú. No solo abastecen a millones de familias con productos de primera necesidad, sino que también generan una impresionante cifra de casi 870.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país. Su declive pone en riesgo no solo el abastecimiento, sino también una parte fundamental del empleo nacional.
