El sector fintech en Argentina vive un conflicto desde hace varios meses por una medida que impide a todo aquel que ofrezca billeteras digitales, la posibilidad de generar intereses por inversiones de estas cuentas. Cansado de no recibir respuesta favorable, Mercado Libre tomó acciones judiciales contra el Banco Central del país, reportó el diario Clarín.
En diciembre último, el BCRA promulgó la circular A 7429, en la que se establecía que a partir de enero el 100% de los fondos de las billeteras virtuales permanecerían encajados en la entidad. Esto afecta tanto a las fintechs como a los bancos, quienes son proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP o billeteras virtuales).
Las empresas de ese sector utilizaban esa liquidez para inversiones de corto plazo que les reportaban ingresos que se utilizaban para volver rentables los proyectos y, al mismo tiempo, mantener la gratuidad de muchos de sus servicios.
El Banco Central había argumentado que esto era para “preservar los fondos de los usuarios de billeteras digitales de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los ahorristas. Estas cuentas son de carácter transaccional y la medida dispuesta fortalece ese rol y favorece la expansión de los medios de pago digitales, otorgando mayor transparencia y seguridad”.
Pero en la realidad, la medida afecta los servicios de las billeteras digitales, que no pueden generar ingresos extras para mantener tasas bajas o la gratuitidad de algunos de sus productos, generando pérdidas a las mismas. Según la consultora global Nau Securities, por ejemplo Mercado Pago perdería unos 70 millones de dólares al año, y Ualá unos 35 millones.
¿Qué implica la circular A 7429?
Lo que el Banco Central impidió con la circular cuestionada es esta operatoria: El usuario de la billetera digital puede optar por tener la liquidez “a la vista” o “invertida” en un fondo común de inversión que le genera intereses y le permite, igual, acceder en el acto a su dinero.
En el primer caso, el usuario no percibe intereses por el dinero que tiene a su disposición. Mercado Pago (de Mercado Libre) o Ualá aprovechaban e invertían ese dinero en una cuenta a la vista remunerada. Era plata de los usuarios que les permitía a las fintech obtener una rentabilidad. También a los bancos, que colocaban esa liquidez en Leliqs (instrumentos a descuento en pesos emitidos por el BCRA).
Si el cliente optaba por invertir su liquidez, Mercado Pago depositaba esos pesos en un fondo común de inversión, y los intereses iban a la cuenta del usuario, no de Mercado Pago.
En cierta forma, es algo similar a lo que hacen los bancos con la plata de sus clientes depositada en caja de ahorro no remunerada o cuenta corriente: además de garantizar la libre disponibilidad, colocan esa plata en Leliqs, y los intereses van a los bancos, no a los clientes.
El Banco Central tomó entonces, una medida que no beneficia a nadie. Ni a las billeteras digitales ni a los bancos, que tampoco pueden hacer nada con esa liquidez, porque está encajada al 100%, es decir, inmovilizada y sin ningún uso posible.
Mercado Libre contra el Banco Central de Argentina
Como mencionamos, desde su publicación, el sector viene reclamándole al BCRA que derogue la circular. Sin embargo, a no haber respuestas de parte del organismo, se iniciaron acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo federal impulsados por Mercado Libre, quien ve afectado la unidad de negocio Mercado Pago.
ML le pidió al juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 10, que impugne esa circular, o al menos el punto que afecta a las billeteras digitales. Sostienen que es un “claro acto discriminatorio y de arbitrariedad”, según comentan fuentes que siguen de cerca la causa. “No hay un fundamento claro de por qué se dicta esta resolución”.
A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Fintech expresó “extrema preocupación y desacuerdo” sobre la decisión a la que calificó de intempestiva. Además, advirtió que “afectará seriamente a un sector que ha sido elegido por millones de usuarios, por su oferta de servicios simple, segura y diversificada”.
El gremio considera que la medida no explica el fundamento técnico ni cómo afectará a los servicios ofrecidos por las empresas en cuestión. “Esta medida afectará directamente la gratuidad en el otorgamiento y mantenimiento de cuentas, en la emisión y reposición de tarjetas, en las transferencias entrantes y salientes, y muchos otros servicios…”.
La causa judicial se encuentra en marca, y se espera -ahora sí- una opinión del BCRA o una decisión de la Justicia. Aunque esto podría demorar años en concretarse.
