Las compañías dedicadas a la producción de energía renovable en México, alistan toda la batería legal que tienen a su disposición para frenar la reforma presidencial a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aprobada por el Congreso mexicano durante la semana pasada.
En palabras de Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y representantes de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), el gremio espera recurrir a todos los mecanismos legales disponibles para salvaguardar sus derechos como inversionistas.
A finales del mes de enero de este año, el presidente de ese país propuso en San Lázaro una iniciativa para priorizar el despacho eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restringir la participación de la iniciativa privada.
Las empresas renovable explican que los cambios sugeridos en la propuesta de ley, «atropellan el derecho a la libre competencia en el mercado eléctrico y la no retroactividad de la Ley», señala la página web de Forbes en el país azteca.
AMDEE y Asolmex también precisaron que la reforma viola de manera potencial los diferentes acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales.
«El sector eléctrico es uno de los seis sectores específicamente protegidos en el T-MEC con el mecanismo de solución de controversias inversionista entre México-Estados Unidos», detalló el representante de las firmas energéticas.
Las compañías recordaron que en años anteriores ya han introducido distintas alteraciones regulatorias con el objetivo de beneficiar a la CFE. En el pliego petitorio enviado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), precisaron puntos como «los aumentos en las tarifas de transmisión eléctrica y los cambios en la emisión de Certificados de Energía Limpia, necesarios para que permitan su emisión en las centrales hidroeléctricas de la empresa estatal, lo que devaluará el valor de los títulos privados al inundar el mercado de este instrumento», señalan.
Esta reforma de ley provacará, según las empresas del sector, un impacto directo a las inversiones existentes por más de 28,000 millones de dólares en 17,000 MegaWatts (MW) de capacidad de generación y 47,000 empleos directos e indirectos.
Algunos especialistas prevén una difícil pelea legal contra esta reforma, mientras que la calificadora Fitch Rating pronosticó un impacto negativo para las compañías renovables con finaciamiento para sus proyectos.
