Con apenas 17 días en el cargo, el presidente Javier Milei ha presentado al Congreso argentino su ambiciosa “ley ómnibus”, marcando la tercera y última etapa de su plan de reformas liberales destinado a transformar la historia económica de Argentina.
En este último paquete de reformas, que según Milei “darán un giro en la historia argentina”, se destacan propuestas audaces que abordan desde la emergencia pública hasta cambios profundos en la estructura del Estado y la economía.
Según lo informado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el paquete de leyes aborda una amplia gama de áreas, desde la tributaria hasta la laboral, penal, energética y electoral. Con más de 600 artículos, la “ley ómnibus” propone modificaciones en aproximadamente veinte leyes.
Emergencia pública hasta 2025
La propuesta más llamativa y controvertida de la “ley ómnibus” busca declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Un período que “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.
Una medida que otorgaría al presidente Milei durante sus cuatro años de gobierno poderes extraordinarios sobre áreas que actualmente solo son competencia del Congreso.
En otras palabras, tendría en sus manos el poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo, una propuesta controvertida que, en la práctica, tiene pocas posibilidades de ser aprobada por los legisladores del oficialista La Libertad Avanza, que son minoría, según apuntan muchos analistas.
Privatización de empresas estatales
Uno de los aspectos más destacados es la propuesta de declarar “sujetas a privatización” a cerca de 40 empresas del sector público, incluyendo la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y otras entidades estatales. Esta medida busca una transformación profunda en la gestión de estas compañías.
Reforma electoral y cambios en la representación
Por otro lado, el paquete propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modifica la composición de la Cámara de Diputados, pasando a un sistema de circunscripciones uninominales, que implica la división del país en 254 circunscripciones con un diputado por cada una. Estos cambios buscan una mayor representatividad y transparencia en el sistema electoral.
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Restricciones a las manifestaciones y jubilaciones
La “ley ómnibus” incorpora nuevas limitaciones a las manifestaciones, aumentando las penas a hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado”.
Asimismo, el gobierno propone dejar en manos del Poder Ejecutivo, a través de decretos presidenciales, el aumento de las jubilaciones, que hoy se regulan por ley.
Uso de armas y blanqueo de activos
La propuesta del gobierno elimina las penas para quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. En la actualidad el Código Penal solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.La pena será aún mayor si se extorsiona a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social.
Además, propone el blanqueo de hasta 100 mil dólares en activos, incentivando la declaración de bienes por debajo de ese límite, beneficiando impositivamente a quienes declaren bienes o dinero efectivo por debajo de ese monto.
Aprobación y desafíos políticos
Aunque algunas propuestas cuentan con apoyo, analistas señalan que la viabilidad política podría ser un obstáculo. Con La Libertad Avanza siendo minoría en el Congreso, se requerirá el respaldo de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio para llevar adelante estas reformas. El debate en sesiones extraordinarias se extenderá hasta finales de enero, mientras la atención se centra en las sesiones ordinarias de marzo para evaluar el “megadecreto” que entrará en vigencia a finales de diciembre, si no es frenado por la Justicia.*
La transformación propuesta por Milei, aunque ambiciosa, enfrentará un camino complejo en el Congreso, donde se definirá el rumbo de estas reformas en los próximos meses.
