El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que hoy el Congreso de la República, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (CODECO), debatirá un proyecto de ley que dispone que se compense a los abonados o titulares por las interrupciones registradas en sus servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga.
Según la norma vigente, cuando se produce una interrupción de un servicio de telecomunicaciones, las empresas deben devolver o no exigir el pago realizado por dicho periodo.
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No obstante, esto no compensa la afectación del cliente al no contar con el servicio. Por tal motivo, el proyecto establece que las empresas operadoras ─como Claro, Movistar Bitel, Entel, entre otras─ compensen a sus usuarios “por el tiempo que estuvieron sin el servicio, por causa no atribuible al abonado, y facultaría al Osiptel determinar los casos, forma de cálculo y condiciones en que se realiza la compensación señalada”.
Empresas operadoras deben garantizar la continuidad del servicio
De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, la prestación de un servicio público se efectúa a cambio de una contraprestación (pago de la tarifa), y las empresas operadoras están obligadas a garantizar la continuidad del mismo, ya que una interrupción genera que los usuarios no hayan podido contar con el servicio en su oportunidad y esto provoca que se vean afectados.
Cabe señalar que durante el año pasado las compañías operadoras registraron más de 470.000 reclamos por avería mediante sus distintos canales de atención. Esto debido a problemas con la calidad del servicio o que el servicio no se encontraba operativo. De hecho, el Osiptel constató que se han presentado casos críticos de usuarios que se están sin servicio hasta aproximadamente ocho meses.
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Ante esta situación, el Osiptel indica que es necesario que se le otorgue la competencia para emitir las disposiciones correspondientes que permita compensar a aquellos abonados afectados. Esta medida llega en un momento en el que los servicios públicos de telecomunicaciones son cada vez más esenciales para la población debido a las modalidades de telesalud, teleeducación, teletrabajo, entre otros.
