El 15 de noviembre se avecina como la fecha límite para que las empresas cumplan con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a sus empleados.
Se estima que más de 4 millones de trabajadores recibirán este pago, correspondiente al semestre entre junio y noviembre. Ello representará un desembolso de aproximadamente S/2.500 millones por parte de los empleadores.
La CTS, diseñada para servir como un respaldo financiero en caso de desvinculación laboral, solía permitir el retiro del excedente de 4 sueldos brutos desde 2015. Sin embargo, la promulgación de la Ley 31480 abrió la posibilidad de disponer del 100% de este beneficio laboral hasta el 31 de diciembre de este año. En ese momento, esta flexibilidad expirará, y a partir de 2024, volverán a aplicarse restricciones.
Debido a la inminente fecha límite para que los trabajadores retiren sus fondos de CTS, se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la República con el propósito de extender este beneficio. El legislador Luis Aragón Carreño de Acción Popular sugiere prolongar esta facilidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Mientras que el congresista acciopopulista Jorge Luis Flores Ancachi propone que se extienda hasta 2026.
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Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han expresado su oposición a ambas propuestas, argumentando que no es una medida viable.
El MTPE sostiene que no se ha presentado un análisis que demuestre que la liberación de la CTS sea la solución más adecuada para satisfacer las necesidades económicas de los trabajadores sin afectar la naturaleza de este beneficio social.
Además, recalca que la disponibilidad del 100% de la CTS fue originalmente una norma excepcional y, por lo tanto, ya no tiene justificación en la situación actual. El ejecutivo enfatiza que emitir normas consecutivas desvirtuaría la función social de este beneficio, convirtiendo una excepción en una regla.
Por su parte, la SBS advierte que extender el retiro del 100% de la CTS hasta 2026 podría afectar la liquidez de algunas empresas del sistema financiero de manera individual, ya que estas instituciones poseen depósitos CTS que representan una parte significativa de sus activos líquidos.












