La posibilidad de un cambio en uno de los beneficios laborales más importantes del país vuelve a ponerse sobre la mesa. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que declara de interés y necesidad pública la implementación de un seguro de desempleo en el Perú, una propuesta que reaviva el debate sobre el futuro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La iniciativa aún no crea el beneficio, pero marca el inicio de su discusión formal. El tema ha generado expectativa en el ámbito laboral y político.
La propuesta fue aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Sin embargo, el dictamen no establece la creación inmediata del seguro ni elimina la CTS. Se trata de una medida declarativa que busca sentar las bases para una futura política de protección frente al desempleo involuntario. El debate ahora pasa a una etapa de evaluación técnica.
¿Un nuevo seguro en camino frente a la CTS?
Uno de los puntos más sensibles del debate es la advertencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La entidad señaló previamente que un eventual seguro de desempleo no podría coexistir con la CTS, debido a que ambos cumplen funciones similares dentro del sistema laboral. Esta posición ha encendido las alertas sobre posibles cambios estructurales en los beneficios laborales.
Por ahora, el dictamen no plantea la eliminación de la CTS, pero sí abre la puerta a un rediseño del sistema de protección social. La propuesta original de la congresista Sigrid Bazán sí contemplaba la creación directa del seguro con pagos mensuales. Sin embargo, el texto aprobado fue modificado durante el debate parlamentario.
¿Cómo funcionaba la propuesta del seguro de desempleo?
El proyecto inicial planteaba otorgar un apoyo económico por un máximo de cinco meses a los trabajadores que pierdan su empleo. El esquema contemplaba pagos progresivos que iniciarían con el 70% de la remuneración mensual durante el primer mes. Luego, el porcentaje disminuiría de forma escalonada en los meses siguientes.
Así, el segundo mes sería del 65%, el tercero 60%, el cuarto 55% y el quinto 50%. No obstante, especialistas y entidades técnicas cuestionaron la viabilidad del modelo. Las observaciones se centraron en la falta de estudios actuariales y en la ausencia de un esquema financiero sostenible.
Las dudas sobre su implementación llevaron a exigir mayor sustento técnico antes de su eventual aplicación. Según expertos, sin un diseño adecuado el sistema podría generar desequilibrios fiscales. Por ello, el debate continúa abierto en el Congreso y el Ejecutivo.
¿Quién administraría el nuevo sistema?
De avanzar una eventual implementación, el dictamen establece que el diseño del seguro estaría a cargo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), EsSalud y otras instituciones del sistema social. El objetivo sería construir un modelo progresivo con soporte técnico e institucional. La idea es garantizar su viabilidad a largo plazo.
La Comisión de Trabajo advirtió que una implementación inmediata podría generar riesgos fiscales si no se define correctamente su estructura. Por ello, se plantea una evaluación conjunta entre el Congreso y el Ejecutivo. El diseño final dependerá de estudios técnicos más profundos.
El MTPE, por su parte, ha señalado que la propuesta original presenta problemas de financiamiento y posibles conflictos constitucionales vinculados al gasto público. Además, cuestionó su carácter no contributivo y advirtió que cualquier sistema de este tipo requiere respaldo presupuestal sólido. Por ahora, la CTS sigue vigente sin cambios, aunque el debate sobre su futuro ya está en marcha.
