Se ha convocado un nuevo paro de transportistas urbanos en Lima Metropolitana y Callao debido a la creciente ola de violencia que afecta a choferes, cobradores y pasajeros, perpetuada por extorsionadores. Esta protesta es la respuesta de diversos gremios del transporte público ante la falta de resultados positivos del gobierno de Dina Boluarte en su lucha contra el crimen organizado. Entre las acciones gubernamentales se incluye la declaratoria de emergencia en 14 distritos.
Esta vez, la paralización incluye no solo a buses, combis y autos de transporte público, sino también a taxis, colectivos y mototaxis, y se extenderá por tres días consecutivos si las autoridades no acatan sus exigencias. Expertos advierten que esta acción podría tener repercusiones en otros sectores económicos como el comercio, el turismo y la educación.
Declaraciones sobre el nuevo paro de transportistas
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció en una entrevista con RPP que el paro programado para el jueves 10 de octubre será multisectorial. “En estos momentos, todos los gremios se han sumado: los pescadores, los ambulantes, los mercados, los bodegueros, la sociedad civil, estudiantes, madres de familia (…) Es por el derecho a la vida que se va a salir a marchar y paralizar este 10 de octubre”, afirmó.
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Campos indicó que la paralización tendrá una duración inicial de 24 horas, pero podría extenderse a 72 horas si el gobierno no proporciona una “respuesta favorable” a sus demandas. Además, enfatizó que si el Parlamento no deroga la Ley N° 32108, la cual ha sido criticada por el Ministerio Público, el paro se mantendrá de manera indefinida.
El dirigente también expresó su oposición a la reciente propuesta legislativa del gobierno sobre terrorismo urbano, argumentando que dicho proyecto ya contiene leyes que castigan la extorsión y el sicariato, y debe ser archivado. “No ayudan a combatir la criminalidad”, aseveró.
¿Qué exigen los transportistas?
Los transportistas exigen, además de un aumento en las penas para los extorsionadores y mayor patrullaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) en sus rutas, que las autoridades viajen a bordo de los vehículos públicos para proporcionar mayor seguridad. También piden la derogación de la Ley 32108, que consideran favorable a los delincuentes.
“Lo que pedimos es que se deroguen las leyes pro criminales y se archiven los proyectos sobre terrorismo urbano, porque no ayudan en nada a combatir la criminalidad”, indicó. Adicionalmente, Campos consideró que este proyecto atenta contra la protesta pacífica.
Los transportistas también piden que no se apruebe la ley de terrorismo urbano, que se debatirá el próximo miércoles 9 de octubre en el Congreso de la República. Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), destacó: “Es muy lascivo para la organización civil, porque en este proyecto de ley están tipificando el delito de terrorismo urbano, de las marchas y protestas pacíficas”.
Por su parte, Edgar Vitor Galarza, del gremio Transportistas Unidos del Cono Norte de Lima, exige “al gobierno que pare esta serie de asesinatos y para que el Congreso de la República derogue la ley que beneficia a la delincuencia organizada y principalmente a los extorsionadores”.
Respuesta del Gobierno ante las paralizaciones
Desde la Presidencia de la República, se ha manifestado que las recientes paralizaciones de transporte obedecen a intereses políticos con el fin de generar desestabilización, socavar la institucionalidad y obstaculizar el mantenimiento de un marco democrático y constitucional en Perú.
Así lo declaró Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial, quien hizo una remembranza de las protestas desatadas tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta, las cuales resultaron en la muerte de más de 50 ciudadanos peruanos, presuntamente a causa de la represión policial.
“Lo que estamos advirtiendo es que existen intereses políticos cuyo objetivo es generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continue dentro del marco democrático y constitucional”, explicó Fredy Hinojosa.
El vocero enfatizó: “recordemos que en diciembre del 2022 se pretendió afectar el orden constitucional con un golpe de Estado, y el gobierno de la presidenta garantiza al país un proceso democrático que concluirá con una transferencia democrática el 28 de julio del 2026. En tal sentido, no existen razones para politizar una protesta de esta naturaleza”, sostuvo.
Asimismo, Hinojosa señaló que los distintos ministerios adoptarán las medidas necesarias, cumpliendo con los procedimientos correspondientes, para asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos y la tranquilidad de la ciudadanía.
El paro no tiene connotación política
En relación con el tema, Campos afirmó que la medida no tiene connotaciones políticas, sino que se fundamenta exclusivamente en el “derecho a la vida”. Subrayó: “No se puede permitir que, al defender el derecho a la vida, el gobierno catalogué el paro como político”.
Asimismo, el líder de los transportistas expresó que el Ejecutivo, al emplear este tipo de calificativos, busca desacreditar la iniciativa, que, según sus palabras, es una reacción clara ante la creciente ola de extorsiones. “No se puede aceptar que la vida tenga un valor de dos soles”, añadió, refiriéndose al pago diario que los delincuentes exigen.
Finalmente, Campos se distanció de lo manifestado por Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien declaró en RPP que su gremio no ha convocado el paro programado para el 10 de octubre.
Empresas involucradas en la paralización
Entre los servicios afectados por la paralización se encuentran taxis, mototaxis, colectivos, así como una gran parte de los buses, combis y custers que prestan servicio público. Se estima que alrededor de 400 empresas suspenderán sus operaciones. Algunas de ellas son:
- Nueva Estrella: de Ancón a Ventanilla
- Los Loritos: de Huaycán (Ate) a Ventanilla
- Los Chinos: de Villa El Salvador a Ate
- Vipusa: de Ancón y Comas a La Victoria, San Juan de Miraflores y Ate
- Huáscar – Ruta C: de Jicamarca (San Juan de Lurigancho) a Lurín
- La Roma: de San Juan de Lurigancho a Ventanilla
- Sesosa: de Ancón y Comas a Surco
- Corazón de Jesús: de San Martín de Porres a San Miguel
- El Mandarino: de Canto Grande al primer cruce de Pro (Lima norte)
- Evifasa: de San Martín de Porres a San Juan de Lurigancho o Ate, dependiendo de la ruta
Con estas medidas, el gobierno busca garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en medio de la próxima paralización.
