En los último meses, un tema ha acaparado la atención, eclipsando la próxima inauguración del Megapuerto de Chancay, prevista para noviembre de este año. Se trata de la intención de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de revocar la exclusividad en los servicios esenciales del puerto concedida a Cosco Shipping Ports en 2021.
Aunque el Congreso de la República ya ha dado luz verde en primera votación a una modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) que podría abordar este asunto, el consorcio chino ha tomado medidas al respecto.
Según refiere el diario La República, el pasado 16 de abril se notificó al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, sobre una disputa entre los inversionistas del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y el Perú. La empresa considera que se están vulnerando sus derechos, por lo que planea invocar la cláusula de estabilidad jurídica del TLC con China.
Con esto se da paso a un periodo de seis meses para buscar una “resolución amigable”. Es decir, hasta un mes antes de la inauguración. Es importante aclarar que esta negociación es el primer paso hacia un posible procedimiento arbitral internacional si no se logra un acuerdo entre las partes.
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La postura de Cosco Shipping
Cosco Shipping Ports subraya en la notificación que esta controversia surge debido a lo que considera “un trato injusto e inequitativo” por parte del Estado, incluyendo diversas violaciones del tratado, perpetradas por varios órganos del Ejecutivo, como el MTC, el Organismo Regulador de la Inversión en Transporte (Ositrán) y la nueva composición de la APN.
El consorcio chino basa su argumento en el artículo 1114 de la Ley del Sistema Portuario Nacional, que establece que “un privado que se compromete a invertir en un terminal portuario de titularidad pública tiene derecho a su operación exclusiva”.
La empresa se opone principalmente a dos aspectos: la revocación, a través de una acción judicial presentada por la Procuraduría del MTC, de la exclusividad de servicios otorgada en 2021; y la implementación de una tarifa propuesta por Ositrán, sobre la cual el regulador peruano incluso solicitó opinión a Indecopi.
Como es sabido, existe una clara intención por parte de Ositrán de establecer una regulación de tarifas y supervisión para Cosco Shipping Ports que, según la Ley del Sistema Portuario Nacional, no corresponde a proyectos privados.
MEF se refirió a posible arbitraje de Cosco Shipping
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anticipó que aunque aún no han respondido a la carta, confía en que el Congreso contribuirá a evitar un nuevo arbitraje internacional.
Al respecto, Arista confía en que el Legislativo finalice la oficialización de los cambios a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), lo que “remediaría” el impase generado inicialmente por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) al intentar anular la exclusividad concedida a Cosco por la misma APN en 2021.
“Nuestra idea es que dentro de poco salga la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Nosotros, como país, siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro”, señaló el ministro a RPP.
Cabe destacar que, en la primera etapa de la obra, la empresa china ya ha invertido cerca de US$ 1,300 millones. Sobre esto, Arista enfatizó que el MEF hará todo lo posible, como coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, para evitar recurrir a un arbitraje internacional.
“Confiamos en que no sucederá. Llegaremos a un acuerdo antes. En caso no sea así, se respetan los derechos del inversionista”, acotó el titular del MEF.












