La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el recurso presentado a favor de los empresarios de los establecimientos comerciales circundantes a la Plaza de Armas.
La demanda de habeas corpus fue interpuesta por el ciudadano Carlos Fernández Vélez a favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza de Armas afectados por el cierre injustificado con rejas, desde que asumió la presidencia de la República, Pedro Castillo.
De esta manera la Corte Superior de Justicia de Lima accedió al recurso presentado contra el presidente Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el jefe de la Región Policial Lima, por presuntamente atentar contra el derecho al libre tránsito de los trabajadores y consumidores aledaños a la Plaza Mayor.
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Poder Judicial ordena retiro de rejas
En consecuencia, se ha resuelto que las autoridades cumplan «con retirar las rejas que impidan el acceso de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima».
Y se agrega «Exhórtese a la (parte) demandada que se abstenga de realizar actos similares al presente en el futuro», se lee en la resolución emitida por la jueza Milagros Grajeda.
🚨 Primer Juzgado Constitucional de Lima dispone que el Ejecutivo retire las rejas que impiden el acceso a los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima, por vulnerar el derecho a la libertad individual-libre tránsito. pic.twitter.com/XFkwK7RzvG
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 27, 2022
Demanda del municipio
Cabe mencionar que el municipio de Lima presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo el pasado 14 de setiembre, luego de que el Gobierno decidiera poner rejas a la Plaza de Armas de la capital peruana.
“El pasado 14 de setiembre, la Municipalidad de Lima interpuso una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo por la instalación permanente de rejas y parantes en los alrededores de la Plaza de Armas que impiden el libre acceso de ciudadanos peruanos y turistas”, señalaron en un comunicado.
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Además, refirieron que el cierre de las calles del Centro Histórico ha sido dispuesto de manera arbitraria por el Gobierno y que “transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios ubicados en el Centro Histórico, perjudicando el desarrollo económico de esta importante zona de la ciudad”.