El Congreso de la República continúa evaluando diversos proyectos de ley orientados a modernizar las normas laborales y garantizar el equilibrio entre los derechos del trabajador y las necesidades del empleador. Entre las recientes propuestas se incluye una que busca regular mecanismos de control y evaluación en los procesos de contratación dentro del sector público y privado.
En ese marco, una nueva iniciativa legislativa propone establecer límites, condiciones y garantías para el uso del examen poligráfico en el ámbito laboral. El objetivo es garantizar que su aplicación respete los derechos fundamentales de los trabajadores y postulantes, promoviendo prácticas de evaluación más transparentes y evitando posibles vulneraciones a su dignidad o libertad personal.
Congreso propone uso laboral del polígrafo
El Proyecto de Ley N.º 17625, presentado por el congresista Jorge Montoya y con la firma de los miembros de la bancada Honor y Democracia, propone regular el uso del polígrafo en el ámbito laboral, tanto en entidades públicas como privadas. La iniciativa busca establecer un marco legal claro para el uso de esta herramienta, a fin de garantizar que su aplicación se realice de manera voluntaria y respetuosa con los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con el proyecto, las pruebas solo podrán aplicarse con el consentimiento previo, expreso y por escrito del trabajador o postulante, y los resultados deberán mantenerse en estricta confidencialidad. Además, su uso se limitaría a cargos en los que la confianza, la seguridad o la confidencialidad sean factores esenciales, como ocurre en los sectores de defensa, transporte de valores o servicios financieros, por citar algunos ejemplos.
El texto precisa que el examen poligráfico sería una herramienta complementaria de evaluación y no el único criterio para contratar, sancionar o cesar a un empleado. Además, prohíbe que la participación en esta prueba sea obligatoria o esté condicionada a la obtención o permanencia en el puesto de trabajo. El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones para el empleador.
Asimismo, el proyecto establece que los resultados no podrán divulgarse ni usarse para fines distintos a los autorizados. “La presente ley tiene por objeto regular el uso del examen poligráfico en el ámbito laboral, estableciendo límites, condiciones y garantías que aseguren el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial su dignidad, intimidad y libertad personal”, señala la iniciativa.
¿En qué casos se aplicaría la prueba?
El documento legislativo plantea que el polígrafo pueda utilizarse en situaciones específicas, siempre que exista consentimiento libre e informado del evaluado. Entre los casos considerados figuran actividades relacionadas con la defensa nacional, la seguridad pública o la protección de la vida e integridad de las personas. También se contempla su uso cuando haya sospechas razonables de perjuicio económico o material a la entidad empleadora.
En el sector público, las pruebas podrían emplearse como mecanismo de apoyo en procesos de selección, control de confianza, investigación interna o prevención de actos de corrupción. En el ámbito privado, se permitiría su uso en sectores como la minería, banca, transporte o servicios críticos, siempre en respeto a la legislación laboral y la protección de datos personales.
El proyecto precisa que el examen poligráfico tiene carácter “complementario, preventivo y orientativo”, y no debe considerarse como medio probatorio pleno ni reemplazo de los procedimientos administrativos o judiciales. Su finalidad, según el texto, es “aportar elementos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones en los procesos de selección, control, investigación y fortalecimiento de la transparencia institucional”.
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Supervisión y reglamentación de la norma
La supervisión del cumplimiento recaería en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que tendría un plazo de 90 días calendario para emitir el reglamento correspondiente tras la entrada en vigencia de la ley. Dicho reglamento establecerá los procedimientos técnicos, condiciones del consentimiento y requisitos de acreditación de los profesionales que realicen las pruebas.
El proyecto también se apoya en un precedente del Tribunal Constitucional (Expediente N.º 00273-2010-PA/TC), que determinó que el uso del polígrafo no es inconstitucional, aunque advirtió la necesidad de contar con una ley que regule expresamente su aplicación. La ausencia de dicho marco, señaló uno de los magistrados, puede generar riesgos de arbitrariedad o coacción contra los trabajadores.
Montoya propone además que el examen poligráfico sea de aplicación obligatoria en procesos de selección y designación de altos funcionarios del Congreso. “El examen poligráfico constituye una herramienta técnico-científica de apoyo destinada a la verificación de la confiabilidad, integridad y veracidad de la información proporcionada por las personas”, se lee en el proyecto.
