El Congreso de la República analiza iniciativas destinadas a reforzar la seguridad en los pagos digitales ante el incremento de extorsiones, fraudes y operaciones no consentidas. El uso extendido de billeteras móviles impulsó la discusión sobre medidas que protejan al usuario. Esta situación motivó propuestas centradas en modificar el funcionamiento de estas plataformas. El objetivo es reducir riesgos asociados a delitos que se cometen mediante transferencias rápidas.
Las aplicaciones como Yape y Plin están en el centro del debate por su presencia masiva y por los casos en los que los delincuentes las emplean para presionar a las víctimas. El aumento de transferencias forzadas y depósitos utilizados para actividades ilícitas genera preocupación en distintas entidades. Los reportes oficiales sobre denuncias digitales mostraron un incremento relevante durante 2024. Este contexto llevó a presentar un proyecto que plantea cambios operativos directos.
¿De qué trata la iniciativa legislativa?
El Grupo Parlamentario Perú Libre presentó el Proyecto de Ley N.° 13240, que exige a las billeteras digitales a incluir una función para aceptar o rechazar transferencias entrantes. La iniciativa tiene como autora a María Antonieta Agüero Gutiérrez y como coautores a Flavio Cruz Mamani, Isaac Mita Alanoca, José María Balcázar Zelada, Américo Gonza Castillo y María Elizabeth Taipe Coronado. El mecanismo permitiría revisar quién envía dinero antes de recibirlo. La propuesta entraría en vigencia 60 días después de su publicación.
El planteamiento exige que la función sea opcional para que cada usuario decida si activarla. La herramienta permitirá aceptar o rechazar manualmente un envío, autorizar solo a contactos seleccionados y mostrar la información disponible del remitente antes de confirmar. Las empresas deberían adaptar sus sistemas dentro del plazo indicado por la ley. La Superintendencia de Banca y Seguros fiscalizará el cumplimiento y podrá imponer sanciones.
El proyecto señala que la “expansión de las billeteras digitales y su interoperabilidad ha traído beneficios significativos, como la inclusión financiera, la reducción del uso de efectivo y la rapidez en los pagos, también ha abierto espacios para nuevas formas de fraude, estafa y extorsión”. También precisa que “la posibilidad de la función opcional aceptar o rechazar una transferencia no solo otorga al ciudadano control sobre sus operaciones, sino que también disuade a los extorsionadores”. El documento aclara que la herramienta evitaría la aceptación automática de abonos.
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¿Por qué consideran necesaria esta medida?
El documento explica que, aunque el uso de billeteras digitales creció de manera masiva —al punto de que en 2024 se realizaron cientos de millones de operaciones y cada adulto hizo en promedio 442 pagos digitales—, también se registró un aumento significativo de delitos informáticos. Solo en ese año se reportaron 42.000 denuncias, un incremento del 69 % en fraudes electrónicos y el doble de casos de suplantación de identidad respecto al año anterior.
Miles de reclamos ante Indecopi reflejaron operaciones digitales no reconocidas, mientras que el Ministerio Público contabilizó más de 78.000 denuncias por extorsión hasta agosto de 2024, muchas vinculadas a “depósitos obligados” mediante Yape o Plin. Estos números evidencian que el crecimiento de las billeteras digitales también ha abierto oportunidades para el delito.
En varios casos, los criminales obligan a las víctimas a recibir transferencias para involucrarlas en actividades ilícitas o generar “rastros falsos”. Luego, el dinero se mueve rápidamente y casi no puede ser rastreado. El proyecto señala que el problema central es que las billeteras aceptan automáticamente cualquier transferencia, dejando a miles de usuarios desprotegidos.
Según la iniciativa, permitir que los usuarios decidan si aceptan o no una transferencia reduciría el riesgo de fraudes y extorsiones, evitaría que cuentas inocentes sean usadas para mover dinero ilícito y facilitaría las investigaciones criminales. La medida fortalecería la confianza en los pagos digitales, clave para la economía peruana, y no generaría gastos al Estado, ya que la tecnología necesaria ya existe en las plataformas de billeteras digitales.
