Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A., empresa a cargo del desarrollo y construcción del Terminal Multipropósito de Chancay, advirtió en un reciente comunicado sobre la crítica situación legal que atraviesa producto de la demanda interpuesta por la Autoridad Portuaria Nacional. Asegura que este contexto pone en riesgo las operaciones del próximo hub portuario del Perú y Sudamérica.
Es válido recordar que en la última semana de marzo, a ocho meses de la inauguración programada del puerto de Chancay, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió interponer una demanda a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mediante este acto, busca anular la exclusividad de servicios esenciales que se le otorgó a Cosco en 2021 debido a que se había cometido lo que calificaron como un “error administrativo”.
Según la APN, dicha entidad no tenía potestad legal para otorgar la exclusividad a una empresa bajo la modalidad en que se acordó con CSPCP. Actualmente, se debate en el Congreso una ley para modificar el cuadro normativo referido a las inversiones portuarias en el país, con el fin de brindar la exclusividad a Cosco. No obstante, todavía se encuentra en Comisión y tomaría varias semanas, de no ser priorizada.
Tres semanas sin respuesta del Ejecutivo
Luego de tres semanas de haber iniciado un proceso de trato directo por la controversia iniciada con la APN, la compañía advierte que aún no han recibido una respuesta de parte del Poder Ejecutivo para solucionar el problema.
La empresa operadora del Puerto de Chancay recuerda que hace tres semanas notificó al Estado que inició un procedimiento, en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, en busca de una negociación amigable, previo a un arbitraje.
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Además, advirtió de otro problema con el Estado, correspondiente al aporte de regulación que presuntamente el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) estaba buscando cobrar a la operadora del Puerto de Chancay. Dicho escenario implicaría imponerle condiciones regulatorias de puertos que son operados o concesionados por el Estado.
“A la fecha, 3 semanas después de notificada la comunicación para inicio del mecanismo invocado, no sólo no hemos recibido respuesta alguna de representantes del Estado, sino que funcionarios de OSITRAN mantienen públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin”, manifiestan en su comunicado.
Con esta negociación, se buscará defender el derecho de Cosco Shipping a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma que fueron acordados al inicio de esta inversión. Así, espera asegurar que la infraestructura enteramente privada no quiera ser regulada como si fuera una “entidad prestadora de servicios públicos, en la que el Estado debe participar para asegurar su correcto funcionamiento“.
Cosco Shipping solicita rápida aclaración
Ante esta situación, que podría llevar al Perú a un nuevo arbitraje, Cosco pide a las autoridades del Poder Ejecutivo implementar el canal institucional de diálogo para solucionar la controversia generada.
“Creemos que esta es la prioridad que merece el futuro de un puerto que no sólo es la inversión privada en infraestructura portuaria más grande que tiene el Perú, sino que se constituye en un contribuyente e impulsor para la activación de diversas cadenas productivas que impactan en el desarrollo económico del país”, argumentan.
La empresa lamentó que, próximos a la etapa de operación en diciembre, el proyecto de US$ 1,300 millones se vea afectado por cambios en el esquema normativo. Resaltaron que las inversiones requieren de condiciones de estabilidad jurídica y predictibilidad.
