El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció anoche que ha retirado el habeas corpus presentado contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ositrán, ATU y las empresas Metro de Lima Línea 2 y Consorcio EPC, con el objetivo de detener las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Esta medida legal había sido adoptada la semana pasada por “cerrar las vías metropolitanas” sin contar con la autorización municipal.
“Vamos a levantar la medida judicial, que es el habeas corpus, pero también vamos a sacar un comunicado respecto a quién tiene la obligación de entregar esta obra en 13 meses. Esto lo explicaré en un comunicado”, dijo López Aliaga sin perder su tono desafiante.
Rafael López Aliaga hizo el anuncio tras reunirse con el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, después de varios días de desacuerdos que impedían el diálogo entre ambos funcionarios.
LEE TAMBIÉN: ¿Cuándo estará terminada la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima?
Además, el burgomaestre de Lima consideró que el encuentro con el ministro de Transporte y Comunicaciones fue positivo y se alcanzaron nuevos acuerdos para evitar heridos o muertos ante un posible conflicto alrededor de las obras.
“Como Municipalidad de Lima hemos evitado que haya un herido y una confrontación violenta. Una persona vale más que toda la obra. Nuestro primer tema es salvaguardar a la gente y es lo que hemos hecho. Continuar con el habeas corpus iba a ser más problemático porque el juez podía paralizar la obra y, cuando entra el Poder Judicial, nunca sale”, manifestó López Aliaga a la prensa.
Demanda penal continúa
Pese al retiro del hábeas corpus, el alcalde de Lima remarcó que la demanda penal ―presentada contra la concesionaria a cargo de la obra― continúa su curso. “Sobre el tema penal, el procurador de Lima ha hecho las denuncias penales correspondientes porque sí ha habido una usurpación agravada, es lo que ha determinado la procuraduría municipal. Esto no depende el alcalde“, explicó.
El burgomaestre capitalino agregó que, de parte de la municipalidad, la concesionaria no tiene permiso para realizar las obras. No obstante, la empresa ha señalado que tiene un marco legal que les permite trabajar sin contar con la autorización municipal. López Aliaga también dijo que si las obras demoran más del plazo establecido, será responsabilidad del Ministerio de Transportes.
“Si luego se demoran 20 o 10 años, como ya pasó en Ate Vitarte es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En mi opinión, ellos no están haciendo nada. Con un drone, se ve que no están haciendo obra. Como concesionario, estaría trabajando en tres turnos, pero no avanzan rápido. Espero que trabajen pues”, agregó.
