La congresista Adriana Tudela (Avanza País) decidió retirar su proyecto de ley que proponía una vigencia indefinida para los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE). Su anuncio se dio luego del colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, un hecho que dejó seis muertos y generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en estos espacios.
El proyecto de Tudela recibió críticas de expertos, como Nancy Barrenechea, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). La especialista advirtió que eliminar la periodicidad de las inspecciones debilitaría el control sobre las edificaciones y aumentaría el riesgo de tragedias. Tudela, sin embargo, sostuvo que su propuesta fue “tergiversada malintencionadamente” y que la crisis actual evidencia fallas en la fiscalización, no en la normativa.
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Cambios en el reglamento y falta de control efectivo
La decana del Colegio de Arquitectos recordó que en 2018 la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) modificó el reglamento de inspección técnica, estableciendo que las evaluaciones deben realizarse cada dos años. Anteriormente, se había propuesto que estas fueran cada diez años, pero la iniciativa no prosperó. Pese a la normativa vigente, el centro comercial en Trujillo operaba sin aparentes problemas hasta que la estructura colapsó.
Tudela cuestionó cómo una edificación pudo haber pasado una inspección de seguridad recientemente si su techo terminó desplomándose de manera tan abrupta. “Es evidente que la calidad de la fiscalización es deficiente”, afirmó. Además, solicitó al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, documentos clave como las licencias de edificación y funcionamiento del mall, así como los informes de inspección técnica de los últimos años.
Las imágenes del colapso circularon rápidamente en redes sociales, avivando el debate sobre la supervisión de centros comerciales en el país. El accidente reavivó las críticas hacia congresistas que, en 2023, se pronunciaron en defensa del establecimiento cuando se ordenó su cierre por deficiencias estructurales.
Control insuficiente y posibles responsabilidades legales
La congresista subrayó la necesidad de fortalecer la fiscalización con inspecciones “constantes y sorpresivas” en lugar de evaluaciones programadas que, según ella, permiten maquillajes superficiales para obtener la aprobación. Además, insistió en que los responsables del colapso deben recibir sanciones ejemplares.
En diciembre de 2023, la municipalidad provincial de Trujillo había ordenado el cierre de Real Plaza debido a irregularidades en su infraestructura. Sin embargo, el centro comercial se opuso, argumentando que las observaciones no representaban un peligro inminente.
Poco después, el 4 de enero de 2024, el mall reabrió con el respaldo de un nuevo informe de seguridad. El abogado penalista Carlos Caro explicó que el Ministerio Público debe investigar si el desplome fue consecuencia de un defecto estructural y si tanto la administración del mall como las autoridades conocían o pudieron prever el riesgo.
También señaló que las familias de las víctimas podrían negociar una reparación con la empresa, aunque esto no eximiría de responsabilidad a los involucrados.
Debate sobre la responsabilidad de la administración del mall
Caro aclaró que la responsabilidad legal no recae automáticamente en el grupo propietario del centro comercial, sino en la empresa encargada de su gestión y mantenimiento. “Ser dueño de un establecimiento no te hace responsable. Lo que te hace responsable es estar a cargo de su administración”, explicó. En muchos casos, los malls tercerizan su gestión, lo que complica el proceso para determinar responsabilidades.
El debate sobre el colapso también generó nuevas interrogantes sobre la seguridad de otros centros comerciales en el país. Si bien los ITSE buscan garantizar condiciones adecuadas, la tragedia en Trujillo demostró que la implementación de la norma puede ser deficiente o incluso estar sujeta a irregularidades.
Tudela argumentó que su proyecto de ley buscaba reducir costos para las pequeñas empresas y uniformizar criterios de inspección en los municipios. Sin embargo, su propuesta fue recibida con escepticismo y rechazo por parte de los especialistas, quienes advierten que la regulación actual, aunque imperfecta, sigue siendo fundamental para la seguridad pública.
