Apoyo Consultoría consideró que la exigencia de una autorización por parte de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) a las empresas del sector retail para ofrecer promociones como 2×1 y/o bonos o cupones de descuento –y las sanciones vinculadas a su incumplimiento– podría elevar los costos administrativos de hacer promociones y moderar el crecimiento de las ventas de las empresas.
De acuerdo con la consultora, en los últimos meses la Onagi ha notificado a los retailers sobre la necesidad de obtener su autorización antes de ofrecer este tipo de descuentos, luego de que la Onagi -creada en el 2013- decidiera ampliar su ámbito de regulación para incluir ya no solo sorteos, sino otros tipos de promociones, como ventas atadas (“paga uno, compra dos”) y bonos de descuento.
“Sin embargo, estas categorías de promociones ya son reguladas por Indecopi, entidad encargada de proteger al consumidor de publicidad engañosa. Además, la Onagi plantea que, si las empresas no tienen permiso para realizar esta clase de promociones, podrían ser sancionadas con multas de hasta S/.380 mil”, comenta Apoyo Consultoría.
Cambios
Como se conoce, hasta diciembre del 2012, la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior era el ente encargado de otorgar permisos a las empresas solo en el caso de sorteos y concursos que implicaran la entrega de premios.
A partir del 2013, esta dirección fue reemplazada por la Onagi, nuevo organismo público anexo al Ministerio del Interior y con independencia presupuestaria, dado que parte de sus ingresos provienen de las sanciones por incumplimiento y de la aplicación de tasas administrativas.
“Esta mayor regulación aumentaría el costo de realizar promociones y desincentivaría a las comercializadoras de bienes y servicios de emplear estos esfuerzos comerciales. El plazo de aprobación por parte de Onagi podría retrasar la aplicación de promociones, ya que este organismo tendría que fiscalizar un número muy grande de casos y sus procesos no cuentan con silencio administrativo positivo”, comentó el reporte del área de Estudios Económicos de Apoyo Consultoría.
Además, señaló que existe el riesgo de que el stock de productos sujetos a la promoción que no sean vendidos pase a ser propiedad de la Onagi, la cual actualmente recibe los premios no reclamados en sorteos.