En un reciente comunicado, el Directorio de Telefónica del Perú (TdP) tomó la decisión de solicitar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Esta medida tiene como objetivo reestructurar sus obligaciones financieras.
“Después de evaluar diferentes alternativas para asegurar la estabilidad financiera de la compañía, llegamos a la conclusión de que acogernos de manera voluntaria al PCO es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos. Estamos enfocados junto a empleados y proveedores en garantizar la permanencia de TdP a largo plazo, para llevar a nuestros clientes la mejor tecnología, cumpliendo nuestros compromisos regulatorios”, precisó Elena Maestre, presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú.
En respuesta a esta situación, Telefónica Hispanoamérica, la empresa matriz de Telefónica del Perú, ha otorgado una línea de crédito de hasta 1.549 millones de soles peruanos que, será destinada exclusivamente a satisfacer las necesidades operativas de caja. Este apoyo es fundamental para asegurar la continuidad de la prestación del servicio durante el proceso de reestructuración.
Reestructuración como alternativa a la liquidación
De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, la situación financiera de Telefónica del Perú ha sido deteriorada por “contingencias fiscales que datan de hace más de 20 años, así como por decisiones administrativas que han situado a la compañía en una desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente complicado”.
“En relación con las antes referidas contingencias fiscales, Telefónica mantiene abierto a la fecha un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI)”, añade el comunicado de la empresa.
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El inicio del proceso de reestructuración, según indica la empresa, no conlleva a una liquidación ni a una declaración de quiebra. Por el contrario, esta medida “brindará a la compañía la capacidad de colaborar con sus acreedores y otras partes interesadas, con el objetivo de continuar brindando servicios en el Perú, proteger a sus empleados, fortalecer su posición financiera y asegurar la sostenibilidad de su negocio”.
Para facilitar esta reorganización, la empresa ha decidido contratar los servicios de una consultora de asesoramiento financiero. Esta consultora integrará a un miembro de su equipo en el rol de Director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer, CRO), con el fin de optimizar el proceso.
Disputa tributaria con Sunat
A mediados del año anterior, Telefónica del Perú comunicó el cumplimiento de una sentencia judicial mediante el pago de 1.361 millones de soles (equivalentes a 350 millones de euros) a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Este pago estaba relacionado con la declaración del Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
“Años después, a raíz de un proceso de fiscalización, la SUNAT objetó deducciones de gastos, lo que llevó a Telefónica a aceptar y pagar una parte de ellas. Asimismo, incluyó otros recursos relacionados principalmente con la provisión por cobranza dudosa e intereses financieros, que fueron motivo de disputa en un proceso que ha durado más de dos décadas”, aseguró entonces la compañía.
Telefónica había realizado previamente provisiones en relación con este asunto y, en ese momento, expresó sus reservas sobre “los recursos efectuados por la administración tributaria”, considerando que estos fueron “arbitrarios y carentes de todo sustento”.
Sin embargo, en septiembre de 2024, la justicia peruana dispuso que el Estado de Perú devolviera a Telefónica la suma de 347 millones de soles (casi 88 millones de euros) correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2000.
Indecopi se pronuncia tras solicitud de Telefónica
Indecopi informó que la solicitud de Telefónica del Perú para su reestructuración financiera será evaluada en un plazo máximo de 90 días hábiles. De ser aprobada, se publicará una resolución sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario en el Boletín Concursal.
A partir de esa publicación, los acreedores podrán presentarse para ser acreditados por la Comisión de Procedimientos Concursales y participar en la Junta de Acreedores, que decidirá si aprueba o no la reestructuración solicitada por la empresa.
