La empresa Telefónica del Perú inició un procedimiento concursal ordinario ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Con esta medida, busca reestructurar sus obligaciones financieras y enfrentar las pérdidas reflejadas en sus estados contables.
En diálogo con RPP, el abogado Daniel Schmerler, expresidente de la Sala Concursal de Indecopi, explicó que este tipo de solicitud se presenta cuando una empresa atraviesa problemas financieros significativos. En estos casos, la compañía busca una solución que le permita continuar operando o, en su defecto, definir su liquidación.
El rol de Indecopi en el proceso
Schmerler detalló que la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para evaluar la solicitud. Si cumple con los requisitos legales, la entidad difunde el inicio del procedimiento para que los acreedores puedan registrar sus deudas pendientes frente a la empresa.
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Una vez registrado este proceso, Indecopi conforma la Junta de Acreedores, un organismo clave que determinará el futuro de Telefónica en el mercado. Según Schmerler, esta junta definirá si la compañía debe reestructurarse o si, por el contrario, debe proceder a su disolución y liquidación.
El especialista recalcó que el procedimiento concursal es una herramienta legal diseñada para brindar alternativas a empresas con dificultades financieras. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de la compañía para demostrar que puede mantenerse a flote y cumplir con sus obligaciones económicas.
Decisión en manos de los acreedores
Los acreedores tendrán la responsabilidad de evaluar la viabilidad de la reestructuración. Schmerler explicó que, si consideran que Telefónica tiene posibilidades de recuperación, pueden optar por un plan de reestructuración patrimonial. En caso contrario, podrían decidir su disolución definitiva.
Para que la empresa pueda ser considerada viable, debe presentar un plan detallado con los mecanismos necesarios para su recuperación financiera. Este documento incluirá una proyección de resultados para los próximos dos años, lo que permitirá a los acreedores tomar una decisión informada.
Schmerler enfatizó que la decisión final es totalmente privada y dependerá únicamente de la Junta de Acreedores. Cada acreedor evaluará las propuestas de Telefónica y decidirá si la empresa puede continuar en el mercado con una nueva estructura financiera o si su disolución es la mejor alternativa.












